A las 12:01 a. m. (hora del este) de este miércoles, el gobierno federal de Estados Unidos entró oficialmente en un cierre parcial (shutdown) tras la falta de acuerdo en el Congreso para aprobar las asignaciones presupuestales para el año fiscal 2026.
El cierre se deriva de un estancamiento entre demócratas y republicanos, especialmente sobre la extensión de subsidios del seguro médico, niveles generales de gasto federal y prioridades específicas impulsadas por la administración de Donald Trump. La Cámara de Representantes —controlada por los republicanos— ya había aprobado una resolución temporal que buscaba mantener los niveles actuales de gasto por varias semanas, pero dicho proyecto no logró pasar en el Senado, donde se estancó ante la falta de 60 votos necesarios para superar el filibusterismo.
Se estima que alrededor de 900,000 trabajadores federales serán suspendidos temporalmente y otros 700,000 seguirán laborando sin pago inmediato durante el cierre, aunque están protegidos por la legislación que exige posterior compensación. En el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el 41 % de su personal enfrentará suspensión de actividades si no hay financiamiento, mientras que en el Departamento de Defensa casi la mitad del personal civil corre el riesgo de ser enviado a casa, salvo quienes desarrollan funciones esenciales para proteger vidas o propiedades.
Algunas funciones esenciales del gobierno seguirán operando, como la seguridad nacional, el sistema de defensa, ciertos servicios de salud (como Medicare y Medicaid) y agencias cuyas operaciones no dependen directamente del presupuesto anual inmediato. Sin embargo, muchas operaciones se reducirán o suspenderán, entre ellas investigaciones científicas, otorgamiento de subvenciones, publicaciones de datos, trámites no esenciales y comunicación pública regular. Los efectos económicos podrían sentirse también en el sector privado: se anticipan menores ingresos fiscales, retrasos en pagos gubernamentales y una caída temporaria en la actividad económica. Analistas estiman que cada semana de cierre podría restar entre 0.15 y 0.20 puntos porcentuales al crecimiento del PIB.
La Oficina de Administración y Presupuesto ordenó a las agencias ejecutar sus planes de cierre ordenado y evaluar reducciones de fuerza permanentes en programas que no obtengan financiamiento. Los demócratas calificaron esta estrategia como una táctica de intimidación y advirtieron que podrían recurrir a acciones legales si se procede con despidos masivos. La agencia Scope, desde Europa, advirtió que este cierre podría afectar la calificación crediticia de Estados Unidos, al aumentar la percepción de riesgo político y fiscal. En el plano doméstico, encuestas recientes muestran que dos tercios de los estadounidenses están en contra del cierre, incluso dentro de filas demócratas.
El cierre del gobierno marca el primer episodio de este tipo desde 2018–2019, y es el tercero bajo la presidencia de Donald Trump. La duración dependerá de la capacidad de las partes para retomar negociaciones, ceder posturas y aprobar una resolución presupuestaria. Cada día adicional que pase agrava el riesgo social, económico y político para el país.
El cierre parcial del gobierno de EE. UU. deja en suspenso miles de servicios y coloca a cientos de miles de trabajadores federales en una situación de incertidumbre. En el centro del conflicto están desacuerdos profundos sobre salud, gasto y prioridades del Estado. El desenlace dependerá de la voluntad política en Washington para revertir el impasse antes de que sus costos se multipliquen.