Organizaciones de protección digital reportaron un incremento considerable en casos de violencia en línea durante el último año. Entre los incidentes más frecuentes se encuentran suplantación de identidad, difusión no consentida de contenido íntimo y extorsiones a través de redes sociales.
Los colectivos feministas han señalado que la violencia digital se ha convertido en una extensión de otras formas de agresión, afectando principalmente a mujeres y jóvenes. Advierten que muchos casos siguen sin denunciarse debido a la falta de acompañamiento y procesos claros.

Especialistas en ciberseguridad consideran urgente actualizar las leyes para agilizar denuncias, mejorar sanciones y crear mecanismos de respuesta más rápidos entre autoridades estatales y federales. También recomiendan impulsar campañas permanentes de educación digital en escuelas.
Los reportes más recientes muestran que la mayoría de los casos se comete mediante perfiles anónimos, lo que complica la identificación de agresores. Las víctimas suelen enfrentar daños emocionales, pérdida de privacidad y, en algunos casos, impacto laboral.
Diversas organizaciones han pedido que la violencia digital sea considerada una prioridad nacional, debido a su crecimiento constante y al impacto que tiene en la seguridad y estabilidad emocional de las personas.
