El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia para separarse temporalmente del cargo, en un contexto marcado por señalamientos internacionales y una creciente presión política tanto a nivel nacional como internacional.
La decisión ocurre luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara acusaciones en su contra y de otros funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el narcotráfico, particularmente con el Cártel de Sinaloa.
Según las imputaciones, existirían supuestas redes de colaboración política y criminal que habrían facilitado el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, así como presunto apoyo del crimen organizado durante el proceso electoral de 2021.
Ante este escenario, Rocha Moya negó categóricamente los señalamientos y aseguró que carecen de fundamento.
No obstante, optó por solicitar licencia con el argumento de permitir que las investigaciones se desarrollen sin interferencias políticas y evitar que la situación afecte al movimiento al que pertenece.
En México, la Fiscalía General de la República ha señalado que, hasta el momento, no existen pruebas suficientes que justifiquen una acción inmediata en contra del mandatario, por lo que ha solicitado mayor información a las autoridades estadounidenses antes de proceder legalmente.
El caso ha generado una fuerte reacción en el ámbito político. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum ha respaldado al gobernador y cuestionado la falta de pruebas, la oposición ha exigido medidas más drásticas, incluso planteando la desaparición de poderes en Sinaloa como mecanismo constitucional ante la gravedad de las acusaciones.
La solicitud de licencia abre un nuevo capítulo en la crisis política que enfrenta Sinaloa, entidad que ya se encontraba bajo presión por temas de seguridad. Además, el caso ha tensado la relación bilateral entre México y Estados Unidos, en un momento clave para la cooperación en materia de combate al crimen organizado.
Se espera que el Congreso del Estado de Sinaloa analice y resuelva la procedencia de la licencia, así como la designación de un gobernador interino que garantice la continuidad institucional mientras se desarrollan las investigaciones.