La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua obtuvo una de las sentencias más severas registradas en la entidad por el delito de secuestro, luego de que cuatro personas fueran declaradas culpables por mantener cautivas a 13 personas migrantes y someterlas a diversos.
De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía de Distrito Zona Norte, los hechos ocurrieron entre el 1 y el 11 de junio de 2024 en una vivienda ubicada en la colonia Barrio Nuevo, donde las víctimas permanecieron privadas de la libertad mientras sus captores exigían dinero a sus familiares a cambio de liberarlas.
Las investigaciones ministeriales establecieron que los ahora sentenciados, identificados como Jesús Tomás C. S., Oswaldo P. M., Lilia Estefani C. P. y Diana Michell S. V., actuaban junto con dos adolescentes y otros individuos que aún no han sido identificados. Durante varios días mantuvieron retenidas a 13 personas originarias de Guatemala, El Salvador y Honduras, entre ellas dos menores de edad.
Según la información presentada durante el juicio oral, las víctimas fueron sometidas a constantes agresiones físicas y psicológicas. Los responsables utilizaron armas de fuego para golpearlas y también recurrieron a métodos de tortura que les provocaron lesiones permanentes.
Además, las personas secuestradas fueron obligadas a participar en actos degradantes y sufrieron distintos tipos de violencia.
Durante el juicio, el Ministerio Público acreditó la responsabilidad de los acusados mediante pruebas documentales, testimoniales y periciales. Las investigaciones demostraron que los secuestradores exigían hasta 29 mil dólares por víctima mediante videollamadas a sus familiares y lograron obtener cerca de 350 mil pesos en rescates, hasta que la Agencia Estatal de Investigación localizó el inmueble donde mantenían cautivas a las víctimas.
El 11 de junio de 2024, agentes estatales realizaron un operativo que permitió rescatar a 13 personas y detener a cuatro implicados, además de asegurar armas de fuego y envoltorios con mariguana.
Tras valorar las pruebas presentadas por la representación social, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos emitió un fallo condenatorio, imponiendo a cada acusado una sentencia de 845 años y 10 meses de prisión por los delitos de secuestro agravado y contra la salud, en una resolución considerada histórica por las autoridades estatales.
La condena deberá cumplirse en el Cereso Varonil Número 3 y en el Cereso Femenil Número 2, según corresponda a cada sentenciado. Con este fallo, la Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso de garantizar justicia para las víctimas y combatir los delitos que afectan a personas en situación de vulnerabilidad.