El diputado federal Marcelo Torres Cofiño presentó un Punto de Acuerdo para solicitar que las autoridades federales establezcan reglas claras que permitan diferenciar a las empresas que trasladan combustible para autoconsumo de quienes participan en actividades ilícitas relacionadas con el robo de hidrocarburos.
El legislador explicó que la propuesta surge a partir de las inquietudes planteadas por organismos empresariales y productivos de La Laguna, quienes han manifestado la necesidad de contar con certeza jurídica para continuar operando sin afectar las acciones de combate al huachicol.
Torres Cofiño advirtió que actualmente existe un vacío regulatorio que genera incertidumbre para sectores como la construcción, la agricultura, la minería y diversas industrias que diariamente trasladan diésel adquirido de manera legal para abastecer maquinaria utilizada en sus procesos productivos.
“La ley debe perseguir a quien roba combustible, no a quien lo compra legalmente para producir. Hoy existe un vacío regulatorio que termina perjudicando precisamente a quienes generan inversión, empleo y desarrollo”, señaló.
La propuesta plantea que la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Energía y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente emitan criterios técnicos simplificados para otorgar un permiso especial a las empresas que transportan entre 30 y 5 mil litros de combustible exclusivamente para abastecer maquinaria y equipo de trabajo.
El diputado indicó que la falta de una regulación específica abre la puerta a interpretaciones discrecionales durante inspecciones, lo que puede derivar en la paralización de obras, aseguramiento de vehículos o incluso procesos legales contra empresas que operan dentro del marco de la ley.
Asimismo, recordó que las sanciones por presuntas irregularidades pueden incluir multas millonarias e incluso penas de prisión, aun cuando el combustible haya sido adquirido legalmente y destinado únicamente al autoconsumo.
El Punto de Acuerdo también solicita establecer criterios uniformes para las inspecciones y definir con claridad la diferencia entre quienes comercializan combustibles y quienes únicamente los transportan para uso operativo, con el propósito de evitar afectaciones económicas a los sectores productivos.
Marcelo Torres adelantó que esta propuesta forma parte de una estrategia legislativa más amplia y anunció que en las próximas semanas presentará una iniciativa de reforma para incorporar estas garantías de manera permanente en la legislación federal.
“Escuchamos a quienes producen, invierten y generan empleo. La ley debe darles certeza, no miedo. Vamos a seguir impulsando las reformas necesarias para que combatir el crimen nunca signifique obstaculizar a quienes hacen crecer a México”, concluyó.