La nueva Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Torreón buscará poner orden en la atención de los asuntos legales de la Administración Municipal, ante la existencia de múltiples áreas jurídicas que, hasta ahora, han trabajado con criterios propios y de manera dispersa.
Gerardo Márquez Guevara, quien recientemente asumió como consejero jurídico, explicó que uno de los principales retos será construir un sistema integral que permita coordinar a las distintas dependencias municipales y organismos descentralizados, con la finalidad de que los litigios y asuntos legales sean atendidos bajo una misma estrategia.
El funcionario señaló que actualmente existen alrededor de 25 o 30 áreas que cuentan con personal jurídico, situación que genera diferencias en la forma de abordar los procesos legales. Por ello, consideró necesario establecer una línea común de actuación, bajo el principio de que las distintas dependencias están sujetas al mismo marco legal.
La revisión comenzará con un diagnóstico para conocer con precisión el número de juicios que mantiene el Ayuntamiento, su estado procesal y las posibles consecuencias económicas que pudieran representar. Márquez Guevara reconoció que entre los asuntos que requieren especial atención se encuentran los litigios laborales y el caso de Ecoagua.
Aunque todavía no se cuenta con un balance definitivo sobre el número de procesos ni los montos involucrados, el consejero jurídico adelantó que serán revisados todos los expedientes para identificar aquellos que puedan comprometer recursos o patrimonio municipal.
Pero el objetivo de la nueva Consejería no será únicamente defender al Municipio cuando ya enfrenta una demanda. Márquez Guevara planteó modificar la forma en que se atienden los asuntos legales para anticiparse a los conflictos y evitar que decisiones administrativas terminen generando nuevos juicios.
En materia laboral, por ejemplo, se analizarán los procedimientos que siguen las dependencias para concluir relaciones de trabajo, con la intención de que las decisiones se tomen dentro del marco jurídico y reduzcan el riesgo de que el Ayuntamiento tenga que enfrentar posteriormente costosos litigios.
La estrategia también abarcará asuntos mercantiles, penales y de otras materias, con el propósito de identificar posibles riesgos antes de que se conviertan en problemas legales para la Administración.
Márquez Guevara sostuvo que el diagnóstico será determinante para conocer el verdadero panorama jurídico del Municipio y establecer prioridades. A partir de esa revisión se buscará concentrar la información y mejorar la coordinación entre las áreas, con una visión que permita proteger tanto los intereses del Ayuntamiento como los recursos públicos.
El cambio, resumió, será pasar de una política de reacción ante las demandas a una cultura de prevención jurídica, en la que las dependencias puedan identificar los riesgos antes de que estos terminen en los tribunales.