Torreón, Cloahuila. – Registros públicos del Poder Judicial de la Federación revelan que Roberto Escalante González, exgerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Torreón, promovió un juicio de amparo contra una posible orden de aprehensión, detención o cualquier acto que pudiera privarlo de la libertad.
De acuerdo con registros públicos del Poder Judicial de la Federación, el juicio de amparo 1434/2026 fue presentado el pasado 21 de septiembre ante el Juzgado Quinto de Distrito en La Laguna y admitido al día siguiente. Posteriormente se promovió la queja 328/2026 contra la resolución que negó la suspensión provisional.
La promoción del amparo, por sí misma, no significa que exista una orden de aprehensión ni acredita responsabilidad penal alguna. Se trata de un mecanismo constitucional mediante el cual una persona puede solicitar protección judicial frente a posibles actos de autoridad.
El caso cobra relevancia pública por coincidir con el proceso de revisión de las finanzas del organismo operador del agua, después de que en julio se diera a conocer un pasivo total de 2 mil 81 millones 126 mil pesos y el Consejo Directivo rechazara por unanimidad el informe financiero correspondiente al cierre del primer semestre. Tras esa sesión, Escalante González dejó la Gerencia General.
Además, el Congreso de Coahuila aprobó solicitar una auditoría especial al SIMAS para revisar el origen de los pasivos, adeudos, contratos, litigios y otras operaciones financieras del organismo. El planteamiento legislativo ha señalado como punto de contraste que en marzo se habían reportado pasivos de corto plazo por 354.2 millones de pesos, mientras que al cierre de junio el pasivo total informado superó los 2 mil 81 millones.
Ante este escenario, el diputado local Antonio Attolini Murra sostuvo que corresponde a las instituciones esclarecer cómo se integraron las obligaciones financieras y establecer, con documentación y procedimientos formales, si existieron irregularidades y quiénes tendrían responsabilidad.
El legislador planteó que deberán revisarse los estados financieros, su elaboración y validación, así como determinar qué obligaciones estaban registradas, desde cuándo existían y qué información recibió la Auditoría Superior del Estado.
Attolini ha impulsado ante el Congreso una revisión extraordinaria de las cuentas del organismo, incluyendo adeudos con la Comisión Federal de Electricidad, proveedores, contratos, litigios, adquisiciones, obras y servicios.
El diputado subrayó que las diferencias detectadas en los reportes financieros deben investigarse antes de atribuir jurídicamente la existencia de fraude, desvío de recursos, falsedad de información o cualquier otra conducta ilícita, pues corresponde a las autoridades fiscalizadoras y ministeriales determinarlo.
La revisión institucional también deberá establecer qué información fue entregada oportunamente a los órganos fiscalizadores y si existieron inconsistencias susceptibles de ser advertidas en ejercicios anteriores.
Documentación oficial del propio SIMAS establece que la información contable es presentada bajo responsabilidad del organismo y firmada por sus titulares, bajo protesta de decir verdad respecto de la razonabilidad de los estados financieros y sus notas.
El llamado es a que la Auditoría Superior del Estado, las instancias especializadas en combate a la corrupción y las autoridades municipales informen, dentro de los límites legales y de reserva aplicables, cuáles son los periodos, contratos y movimientos que se encuentran bajo revisión.
El esclarecimiento deberá realizarse respetando en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia, al tiempo que se determina documentalmente el origen y evolución de las obligaciones financieras de un organismo encargado de uno de los servicios públicos esenciales para Torreón.