El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) mantiene un inventario de aproximadamente 6 mil expedientes relacionados con servidores y exservidores públicos señalados por presuntas faltas administrativas graves derivadas del manejo de recursos públicos federales en distintas entidades del país.
José Ramón Amieva Gálvez, magistrado presidente del TFJA, informó que entre las conductas que con mayor frecuencia aparecen en las denuncias se encuentran el desvío de recursos públicos y el abuso en el ejercicio de funciones.
Explicó que corresponde al Tribunal sustanciar los procedimientos que llegan a su conocimiento y determinar, con base en las pruebas y resoluciones previas, si existe responsabilidad administrativa y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes.
Por tratarse de expedientes sujetos a reserva y secrecía, señaló que no es posible proporcionar nombres de las personas involucradas, cargos que desempeñan o desempeñaron, ni las entidades donde presuntamente ocurrieron las irregularidades.
No obstante, citó como ejemplo un asunto analizado recientemente por el pleno jurisdiccional, relacionado con un exservidor público estatal que estuvo al frente de una instancia de radio y televisión.
“Lo que puedo mencionar, como un ejemplo, es un caso que se abordó el miércoles pasado en el pleno jurisdiccional, de un exservidor público estatal que estaba a cargo de una instancia de radio y televisión estatal y se le ratificó un daño patrimonial por 250 millones de pesos”, declaró.
El TFJA opera mediante dos salas auxiliares y una tercera sección, además de 27 sedes jurisdiccionales distribuidas en el país.
En el caso de la sede ubicada en Torreón, corresponde atender los asuntos relacionados con la impartición de justicia administrativa federal en los estados de Coahuila y Durango.
Amieva Gálvez explicó que antes de que un caso llegue al Tribunal existe un procedimiento previo que generalmente inicia con auditorías realizadas por los órganos internos de control de las dependencias gubernamentales o por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
A partir de estas revisiones se identifican posibles irregularidades y se desarrollan investigaciones para determinar la existencia de una presunta responsabilidad por manejo indebido o desvío de recursos federales.
La resolución que se remite posteriormente al TFJA debe establecer el tipo de conducta, el posible daño ocasionado y la relación entre ese daño y el servidor o exservidor público señalado.
“Esto es lo que nos llega y nos toca sustanciar; nosotros determinamos si el servidor público es o no responsable”, puntualizó el magistrado presidente.
El Tribunal mantiene además coordinación con las entidades que cuentan con Sistemas Locales Anticorrupción, con el propósito de fortalecer los mecanismos relacionados con transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.