Nuevas grabaciones atribuidas al empresario José Alfredo Hernández Casillas exhiben el deterioro de su relación con la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, así como presuntas amenazas, advertencias y extorsiones relacionadas con los negocios y contratos obtenidos por empresas proveedoras del organismo electoral.
De acuerdo con información publicada por Latinus, las grabaciones fueron realizadas por el propio Hernández Casillas durante reuniones privadas sostenidas a principios de 2026, cuando la relación empresarial con Taddei atravesaba un conflicto. El contratista habría conservado los materiales como una especie de garantía ante posibles represalias y, según el reportaje, resguardó parte de ellos en Europa, Estados Unidos y Canadá.
En uno de los fragmentos difundidos, Hernández Casillas asegura que tenía declaraciones y material comprometedor fuera del país, y advierte que, si algo le sucedía, la información también afectaría a Taddei y al Instituto Nacional Electoral. La expresión quedó registrada en una conversación que forma parte de las nuevas grabaciones presentadas por el medio.
En otra reunión, realizada en febrero de 2026, el empresario cuestionó decisiones de la entonces presidenta del INE y mencionó un asunto relacionado con la Secretaría de Gobernación. Durante el diálogo señaló que ambos habían acordado mantener en reserva esa información y expresó desconocer por qué había sido mencionada.
Las grabaciones también muestran el conocimiento que Hernández Casillas tenía sobre movimientos administrativos y contrataciones dentro del organismo electoral. En una de las conversaciones hizo referencia a 62 plazas presuntamente creadas durante la gestión de Iliana Araceli Hernández, entonces funcionaria del instituto, y habló sobre la baja de algunas personas que ocupaban esos espacios.
El empresario también mencionó que una persona que anteriormente prestaba servicios de masajes a una funcionaria habría sido incorporada a la estructura laboral del organismo. Estas declaraciones forman parte de los señalamientos contenidos en los videos y no representan, por sí mismas, una resolución de las autoridades sobre posibles responsabilidades administrativas o penales.
Hernández Casillas está relacionado con Cajas Graf, empresa que obtuvo contratos millonarios con el INE y el Instituto Estatal Electoral de Sonora. De acuerdo con la investigación periodística, el empresario habría mantenido comunicación directa con funcionarios que ocupaban posiciones estratégicas para la asignación de contratos y la relación con proveedores.
El caso también involucra investigaciones financieras. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó sobre la incorporación de 25 personas físicas y 15 empresas a su Lista de Personas Bloqueadas, luego de identificar operaciones consideradas de riesgo relacionadas con proveedores electorales. La dependencia señaló que los movimientos detectados serían revisados por las autoridades competentes.
Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación habría identificado al menos 83 personas relacionadas con las operaciones bajo investigación y vínculos con siete empresas proveedoras, entre ellas Cajas Graf, Corporativo SEG, Formas Finas y Materiales, Corona JE, CERIPL de México, Tol Producciones y Comercializadora Yule.
Ante los señalamientos, el Consejo General del INE aprobó solicitar a la Auditoría Superior de la Federación una revisión de los gastos y contrataciones correspondientes al periodo de 2016 a 2026. La propuesta contempla auditorías externas, una revisión del desempeño de funcionarios y mecanismos para recibir denuncias anónimas sobre posibles irregularidades.
Otro de los antecedentes relacionados con el empresario es la solicitud de un amparo presentada el 11 de febrero de 2026, mediante la cual buscó conocer si existían órdenes de aprehensión en su contra. De acuerdo con la información difundida en el reportaje, después de 76 días de búsqueda no se localizó una orden de captura y el procedimiento fue cancelado el 28 de abril. Esa resolución no descarta la posibilidad de que posteriormente se haya emitido alguna otra determinación judicial.
El escándalo también derivó en acciones políticas y denuncias penales. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, presentó una denuncia contra Taddei, Hernández Casillas y otros exfuncionarios del organismo por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, uso ilícito de atribuciones y asociación delictuosa. Las acusaciones deberán ser investigadas por las autoridades correspondientes.
En tanto, las nuevas grabaciones amplían los señalamientos sobre la relación entre la expresidenta del INE y el empresario, al incorporar conversaciones sobre presuntas amenazas, información reservada y movimientos de personal. La investigación sobre los contratos y las operaciones financieras relacionadas con proveedores electorales continúa bajo revisión de las instancias competentes.