Brenda Valenzuela Gil, madre del joven duranguense Carlos Emilio Galván Valenzuela —desaparecido el 5 de octubre de 2025 en Mazatlán, Sinaloa—, promovió un juicio de amparo ante la justicia federal en contra del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC),
La madre acusa omisiones y falta de cumplimiento de las diligencias ordenadas por el Ministerio Público Federal, específicamente la localización y entrevista de posibles testigos clave (identificados como Edgar Valenciana del Río y Gustavo Barrios Ramos) para dar con el paradero de su hijo.
Brenda Valenzuela ha señalado que las órdenes de la fiscalía y de inteligencia del Estado no han sido ejecutadas con la debida diligencia, lo que la orilló a buscar la protección de la justicia federal.
La madre del joven desparecido señaló que el agente ministerial solicitó rastrear a ciudadanos que podrían aportar datos clave sobre el paradero de su hijo, sin que exista registro de su ejecución.
“Mi hijo sigue desaparecido. El Ministerio Público Federal ordenó localizar a personas que podrían aportar información sobre lo que sucedió ese día. La orden se emitió, se repitió en varias ocasiones y, hasta hoy, no hay constancia de que se haya cumplido”.
Valenzuela calificó como grave la ausencia de un solo informe completo sobre las acciones realizadas. Enfatizó que una orden de la Fiscalía no representa una sugerencia, sino un mandato que las autoridades deben acatar obligatoriamente.
Asimismo, recordó que desde el 21 de octubre se solicitó formalmente el apoyo de las áreas de inteligencia del Estado para la localización.
Advirtió sobre el impacto crítico del paso del tiempo en las labores de rastreo, señalando que cada día que transcurre sin avances puede causar un daño irreparable.
Subrayó además que el Estado posee las capacidades técnicas para ubicar a las personas cuando se lo propone.
“Entonces la pregunta es inevitable: ¿por qué no se usan para buscar a mi hijo? ¿Qué necesita tener para que lo busquen y lo encuentren?”, cuestionó.
Expuso que la Ley General en Materia de Desaparición y la Ley General de Víctimas obligan a las autoridades a buscar a las personas y garantizar el derecho a la verdad, sin posibilidad de seleccionar a quiénes buscar.
Precisó que omitir estas facultades genera consecuencias legales, motivo por el cual acudieron a los tribunales federales.
“No es un favor. Es una obligación del Estado y un derecho nuestro. No vamos a dejar de exigirlo”.