Torreón, Coahuila. – Pablo Sebastián “N”, en ningún momento ha estado libre, desde que fue asegurado por elementos de Vialidad y la Policía Municipal; fue puesto a disposición del Ministerio Público, luego judicializado y sigue asumiendo su responsabilidad en prisión, no está en libertad, aclaró el Fiscal General Gerardo Márquez Guevara.
Llegar a un acuerdo reparatorio, es una salida alterna que permite la ley y seguramente tendría una sanción disminuida e incluso recuperar su libertad, explicó.
Aunque mucha gente quiere ver un linchamiento público, en el caso contra de Pablo Sebastián “N”, responsable de tragedia vial del fin de semana en Torreón y que provocó la muerte de dos personas, al final se aplica la ley, dijo el funcionario.
Desde el momento en que es puesto a disposición del Ministerio Púbico, el responsable se judicializa y se abre la carpeta de investigación.
El inculpado fue vinculado a proceso y se le seguirá el proceso en los términos que marca la ley, cómo está escrita, puntualizó.
En este caso, por tratarse de un familiar de un ex funcionario público, como lo es Pablo Chávez Rosique, tesorero municipal de 2010 a 2013, es la razón por la que se asume que eventualmente pudiera existir la posibilidad de que pudiera evadir la acción de justicia, explicó, pero no, permanece recluido en el Cereso.
Las cosas se están haciendo de acuerdo a la ley, es una salida alterna permitida, el presunto responsable está vinculado a proceso por un delito agravado por el estado de ebriedad, pero el proceso seguirá todos esos trámites, expuso.
Si los deudos aceptan la reparación del daño, lo podrían hacer, cuando concluya el proceso penal y se le determine su responsabilidad y se le aplique una pena de prisión, pero no es forzoso que se acepte una reparación del daño, señaló.
Apenas inició el proceso de investigación complementaria -por tres meses-, etapa en la que harán de fortalecerse las evidencias o datos de prueba por parte del Ministerio Público, y luego la defensa tratar de desvirtuarlos.
FEMINICIDIOS
Se si habla de eficiencias con la Unidad de Feminicidios, se podría decir que el 90 por ciento de los casos están resueltos y con reo presente, pero esa eficiencia no ayuda mucho a la percepción social.
El trato a las víctimas de los feminicidios es el adecuado, se tienen acuerdos con los colectivos feministas y también participan en las investigaciones y en la integración de las carpetas.
Los procesos penales tienden a tardar, incluso hasta dos años, pero aquí lo importante es que, si se tiene confianza y se acercan a las dependencias, inmediatamente se dictan medidas de protección para las víctimas.
La gente ahora tiene confianza de presentar directamente la denuncia y esa es la razón por la que sube el número de casos y acude mucha gente a las delegaciones que existen en el Estado.