Torreón, Coahuila. – La elección de jueces y magistrados inédita en la historia del país, se trató de un proceso que no atiende las verdaderas necesidades del sistema de justicia ni garantiza el fortalecimiento institucional que el país requiere, dice la Coparmex Laguna en un comunicado.
Advierte que esta elección no puede convertirse en el nuevo modelo para futuros procesos electorales, no debe sentar precedentes para reducir el número de casillas que solo debilitaron la logística electoral, exigir a las autoridades electorales la organización de una elección con poco tiempo, entre otros problemas.
Estamos seguros de que la jornada electoral atenta contra la verdadera democracia, los derechos de los ciudadanos e incluso contra la independencia de los órganos electorales que hemos construido desde la sociedad y que deben seguir sirviendo a la ciudadanía.
El papel como observadores electorales ha permitido constatar múltiples irregularidades que comprometen seriamente la legitimidad del proceso y ponen en evidencia su fragilidad.
A lo largo de la jornada generamos más de mil reportes y documentamos una baja participación ciudadana, retraso en la instalación de casillas, violencia en algunas casillas y hasta compra de votos en algunos municipios.
En diversas casillas se reportó el uso de “acordeones” y mecanismos para inducir el voto, lo que confirma la falta de garantías para un ejercicio auténticamente libre y razonado. Desde que se anunció la reforma en febrero de 2024, y su aprobación en septiembre del mismo año, se argumentó que esta iniciativa respondía a una demanda ciudadana, que el pueblo quería elegir a sus jueces, y que la elección sería una muestra de legitimidad popular.
Sin embargo, la baja asistencia y el desinterés generalizado confirman una verdad incómoda: que esta elección no nació de una exigencia social, sino que proviene de una imposición política mal ejecutada, pero con serias repercusiones en nuestras instituciones y que permea en la inversión y confianza como país.
Esta elección no representa el camino correcto para lograr justicia en México. Un sistema que nombra juzgadores sin transparencia, sin evaluación de capacidades y sin condiciones mínimas de información para la ciudadanía, está condenado a la ineficacia, al fracaso.
La justicia no puede ser reducida a un ejercicio de popularidad y menos cuando hay una baja participación de los ciudadanos. La verdadera legitimidad se construye con preparación, imparcialidad y ética. Defendemos que sin justicia independiente no hay inversiones sostenibles.
Defender el Estado de Derecho es defender el futuro del país. Porque lo que está en juego no es una elección, sino el modelo democrático que México ha construido por décadas sentencia.