En su infancia, fue empleado de una gasolinera y una papelería, luego trabajó por temporadas encerando pisos en Estados Unidos, estudió derecho y tuvo una breve temporada en un periódico, para finalmente ingresar al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Jorge Antonio Sánchez Ortega, hoy señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como el autor del segundo disparo contra Luis Donaldo Colosio, es hijo de una familia de sinaloenses que emigró a Tijuana, Baja California, en 1973.
Nacido en 1961 en el municipio de El Rosario, Sinaloa, la investigación del caso Colosio refiere que Sánchez también trabajó como encargado de almacén en una tienda para mujeres, fue miembro de organizaciones estudiantiles, burócrata y participante en una campaña del PRI.
“Desde los 13 años empecé en una estación de gasolina (en el Bulevar Agua Caliente) en donde mi tío Ramón Durán era el gerente y ahí estuve durante 3 años; es decir lo que duró la secundaria, aunque no estaba en nómina sino que únicamente les ayudaba; cuando tenía como 16 años entré a la papelería y librería La Rosita, en donde estuve menos de un año; después, estuve en la tienda Dorians en donde permanecí como 5 años laborando como almacenista en la bodega”, declaró el 5 de febrero de 1997.
“Ya de ahí vino un periodo en que tenía trabajos irregulares y pasaba a Estados Unidos a trabajar en empresas de mantenimiento de encerar pisos y así estuve como un año y era cuando estaba en la universidad”.
Sánchez Ortega estudió la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas de 1977 a 1981, y luego cursó la carrera de derecho en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), de 1981 a 1985; en ambas escuelas fue miembro de la sociedad de alumnos.
Simultáneamente a sus estudios universitarios, en 1983 entró a trabajar al Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud (CREA), por recomendación de Urbano Hernández Somero, amigo en la carrera y de la sociedad de alumnos en la UABC.
Al CREA ingresó con una plaza de cocinero, pero en los hechos desempeñaba el cargo de jefe de Comunicación Social, con un sueldo mensual de 600 pesos.
Precisamente su amigo Urbano Hernández lo invitó a un grupo denominado “universitario”, que en el periodo 1982-1983 participó en la campaña para gobernador del priista Xicoténcatl Leyva Mortera. Allí se sumó a la Brigada que tenía como jefe de campaña al profesor Gustavo Morales
En los testimonios que ha rendido ante la FGR, el ex agente dice ser aficionado a los deportes, que en Mexicali estaba afiliado al Club Britania, que jugó en la selección de béisbol de la Universidad y participó en torneos de natación en Tijuana.
Sin dejar el CREA, en 1988 ingresó al Diario de Baja California, donde su jefe inmediato era Rodolfo René Mora y el director Marco Antonio Romero Arizpe. Este trabajo era fruto de sus relaciones con la prensa cuando estuvo en el CREA. Su paso por el periodismo fue de sólo unos meses.
En 1991 renunció al CREA y a finales de 1992 otra vez lo rescató su amigo Urbano Hernández, quien lo invitó a trabajar a su despacho Hernández y Asociados, donde estuvo más de un año; en 1993 presentó los exámenes de ingreso al Cisen y en octubre de ese año finalmente entró a las filas del órgano de inteligencia.
La tarde del 23 de marzo de 1994 Sánchez Ortega fue detenido en Lomas Taurinas. Su chamarra salpicada de sangre y el resultado positivo a la prueba de rodizonato lo convirtieron en un primer momento en el sospechoso perfecto de un complot.
Sin embargo, la PGR lo liberó al día siguiente, bajo reservas de ley, casi al mismo tiempo de recibir el resultado del primer dictamen de balística, que estableció que el arma de Aburto fue la que percutió la ojiva y los dos casquillos recuperados en el lugar de los hechos.
Sánchez dejó el Cisen en 2015, después de 22 años de actividad.
Si bien la presente administración de la ahora FGR revivió la suspicacia sobre el ex agente, con pruebas que la justicia federal presume que fueron inducidas o son circunstanciales, lo cierto es que Sánchez es un sujeto contradictorio en sus dichos.
Por ejemplo, el aún sospechoso primero dijo que entró a trabajar al Diario de Baja California en 1985 y en otro testimonio asegura que fue en 1988.
En una entrevista también manifestó que renunció al CREA en 1991, pero cuando la FGR consiguió los documentos de su paso por esa institución, descubrió que causó baja por abandono de empleo el 15 de febrero de 1993.
Cuando fue detenido y dio positivo a la mariguana en el antidoping, justificó ante la PGR que había tomado un té de cannabis y aplicado esa hierba con alcohol en la rodilla derecha, por los dolores que le causaba un derrame sinovial derivado de una lesión.
Sin embargo, en una entrevista oficial que le hizo el Cisen el 14 de septiembre de 1994, admitió el uso ocasional de mariguana y cocaína. Incluso, aceptó haberlas consumido en marzo de ese año.
Sus amigos, sin embargo, opinan otra cosa.
“Sé que Sánchez no pudo haber cometido el homicidio del licenciado Colosio, puedo afirmar que es una persona honesta y trabajadora, y que en general Jorge Antonio cumple cabalmente con sus obligaciones, por lo que insisto en afirmar que es un hombre de bien”, declaró Urbano Hernández, abogado que en 2006 fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como lavador de dinero de Manuel Aguirre Galindo “El Caballo”, operador de los Arellano Félix.
El día del crimen fue detenido a unos 15 metros del magnicidio con su chamarra manchada de sangre y luego de ser asegurado dio positivo a la prueba de rodizonato de sodio, presunta prueba de haber disparado un arma; sin embargo, el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, siendo entonces subdirector operativo del Cisen, lo puso en libertad luego de intervenir, revelando que su presencia era por una asignación oficial, aunque la duda fue sobre cómo se manchó de sangre.
Siguió operando en el Cisen hasta su retiro en 2015, operando bajo la apariencia de un reportero e incluso en 2006 trabajó en Coahuila donde el exgobernador priista Humberto Moreira lo acusó públicamente de “espionaje político”.
En el estado también vigiló movimientos sociales y actividades partidistas, como el movimiento por los mineros de Pasta de Conchos, al entonces excandidato presidencial por primera ocasión, Andrés Manuel López Obrador y al exgobernador Rubén Moreira, este último revelado caso por una revista de investigación nacional.
Casi diez años después de su retiro, en enero de 2024, la Fiscalía General de la República lo señaló como el “segundo tirador”, según una revisión a testimonios del magnicidio y evidencias.