Organizaciones civiles, colectivos y cientos de personas defensoras de derechos humanos de todo el país exigieron una investigación a fondo por la muerte de Blanca Isabel Martínez Bustos, integrante histórica del movimiento de búsqueda de personas desaparecidas en México, quien falleció el pasado 10 de noviembre tras ser intervenida quirúrgicamente en el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS, en Saltillo.
La familia Martínez Bustos presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por posible negligencia médica, al considerar que la activista no recibió una atención adecuada durante y después de la cirugía programada a la que ingresó caminando y con la expectativa de retomar sus actividades en los días siguientes.
De acuerdo con el pronunciamiento firmado por más de 270 personas y más de 100 organizaciones, Blanca Martínez habría sido víctima de omisiones graves dentro del hospital, entre ellas la ausencia de una valoración médica exhaustiva previa a la intervención, así como la falta de personal especializado que diera continuidad a su evolución clínica durante el fin de semana.
Las agrupaciones denunciaron que la situación no es un hecho aislado, sino reflejo de un sistema de salud pública “convertido en una condena de muerte” por los niveles de negligencia que enfrentan diariamente miles de personas usuarias.
“Entró confiada en que saldría bien y ya no está con nosotras. Nos da rabia que el sistema de salud permita este tipo de negligencias criminales”, señala el comunicado, que también cuestiona la falta de áreas de terapia intensiva suficientes en hospitales del IMSS en Saltillo.
Las personas firmantes exigieron:
• Una investigación inmediata y profunda por parte de la Fiscalía estatal.
• La práctica de una necropsia realizada por peritos independientes y de la propia Fiscalía, con el fin de determinar las causas de muerte.
• Garantías de verdad y justicia para la familia de Blanca.
• Una revisión estructural del funcionamiento de los hospitales del IMSS en la capital coahuilense.
La muerte de Blanca Isabel Martínez Bustos ha provocado una ola de indignación en colectivos de búsqueda, organizaciones de derechos humanos y comunidades eclesiales, que subrayan su labor incansable en la defensa de las familias de personas desaparecidas y su papel central en procesos de memoria y justicia en el país.
El documento está respaldado por personas defensoras, académicas y activistas de distintas entidades, así como por agrupaciones como FUUNDEC-M, el Centro Fray Juan de Larios, el Centro Prodh, el EAAF, la Red TDT y más de un centenar de colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.
La familia de Blanca Martínez y quienes la acompañaron en vida reiteraron que su exigencia no busca confrontación, sino garantizar que ninguna otra persona sea sometida a riesgos derivados de negligencias institucionales.