El Congreso del Estado aprobó un paquete de reformas al Código Electoral en las que se incluyen criterios para negar o suspender el registro de candidatos con antecedentes de violencia política de género, así como reglas para una mayor participación de la mujer en cargos de elección popular.
Fueron 10 dictámenes de la Comisión de Gobernación, sobre reformas al Código Electoral, que se aprobaron en la sesión del Pleno del Poder Legislativo para regir los comicios del 2024 en la renovación de los 38 ayuntamientos.
Se aprobó incluir una causal de inelegibilidad cuando existe una sentencia de condena por cuestiones relacionadas con violencia de género, así como una suspensión temporal a los derechos político-electorales en su vertiente de ser votado.
Además, habrá una multa como sanción a la ciudadanía, las dirigencias y las personas afiliadas a los partidos políticos, o cualquier persona que cometa violencia política de género, en virtud de que en la actualidad la norma solamente establece la amonestación pública.
Para garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas se propone la introducción de bloques de competitividad para los partidos, pues con ello se permitirá que las mujeres sean postuladas en aquellos distritos en los que existan posibilidades reales de competición política, para diputaciones de mayoría relativa.
“Los partidos políticos registrarán candidaturas observando el principio de paridad de género. Las fórmulas encabezadas por hombres podrán registrar suplentes hombres o mujeres indistintamente, en tanto que las fórmulas encabezadas por mujeres deberán registrar suplentes de este mismo género”, indica la reforma.
Para el registro deberán de postular de forma igualitaria hombres y mujeres en cuanto menos la mitad de los distritos, entregando una lista para que la autoridad realice la asignación que corresponda al partido.
En caso de que se compita en coalición, el número total de las candidaturas es impar, se procurará que la postulación sea mayoritaria para las mujeres.
En el caso de las candidaturas independientes, se acordó modificar la normativa para eficientar el procedimiento para recabar el apoyo de la ciudadanía en aras de conseguir la candidatura a un puesto de elección popular de forma independiente.
De esta forma el uso de las tecnologías también brindará una mayor celeridad y certeza para cotejar los respaldos de la ciudadanía.
Mientras que para la sustitución de candidaturas se estableció el supuesto de la cancelación del registro por rebasar los topes de gastos de campaña, en cuyo caso el relevo debe ser con alguien de la militancia activa.
Además, las candidaturas podrán sustituirse por fallecimiento, inhabilitación, incapacidad, renuncia ratificada por la candidatura ante el Instituto o cancelación del registro por autoridad competente.
En estos supuestos la sustitución deberá recaer en la militancia o ciudadanía externa que hubiera participado en la consulta, asamblea o en cualquier otro proceso interno para la selección de precandidaturas a cargos de elección
En el caso de las boletas electorales, se incluyen reglas para los apodos y sobrenombres, pues esto fortalece el arraigo que tienen determinados perfiles políticos con la sociedad y será más fácil para la ciudadanía identificar a la opción política de su predilección.
Además, la inclusión de la fotografía en la elección a la gubernatura, ya que, como pudo observarse en el proceso electoral 2023, ello coadyuvó para que la ciudadanía pudiera ubicar a las candidaturas de su elección de forma más sencilla, la cual es una tarea complicada cuando existen coaliciones. Esa regla será implementada para el próximo proceso electoral en el que se renovarán los ayuntamientos de Coahuila.
Para el caso de reelección, se confirma que quien busque esa posibilidad por un partido diferente al que lo postuló, deberá separarse del cargo a la mitad del periodo.
En el caso de las diputaciones que busquen reelegirse sin separarse del cargo deberán abstenerse de realizar cualquier tipo de proselitismo electoral durante los horarios de trabajo relativos a su función, con el objetivo de poder armonizar la doble función que realizarán, por un lado, en ejercicio de un servicio público y, por otro, solicitar el voto de la ciudadanía en su favor.
La reforma incluyó al Tribunal Electoral en lo que se refiere a su organización interna, las atribuciones que tienen las magistraturas que integran el Pleno, el procedimiento que se llevará a cabo cuando se resuelva sobre un asunto que se encuentre dentro de la competencia de dichas magistraturas, los criterios jurisprudenciales que podrá emitir derivado de sus sentencias, entre otras.
Además, podrá nombrar a la persona que ocuparía la Contraloría del mismo Tribunal, así como la facultad de removerlo, pero deberá dar vista al Tribunal de Justicia Administrativa.
La remoción requerirá del voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión.
La reforma establece nuevas facultades para el Tribunal Electoral, como designar al personal en los términos de las disposiciones aplicables y acordar lo relativo a su promoción, ascenso, suspensión, remoción, licencias, renuncias y vacaciones.
Se podrá conceder licencias al personal de su adscripción, con goce de sueldo o sin él, de más de 30 días.
Toda solicitud de licencia requiere causa justificada y las de las Secretarías, Coordinaciones de Ponencia y las Secretarías de Estudio y Cuenta “A” y “B”, además, autorización de la magistratura a la que estén adscritas.
“Crear un fondo o fideicomiso de retiro para las Magistraturas, Coordinaciones de Ponencia, Secretarías de Acuerdo y Trámite y Estudio y Cuenta “A” y “B” de conformidad con el presupuesto y demás leyes aplicables”, indica la reforma aprobada.