Alejandro Irarragorri Gutiérrez, dueño del club Santos Laguna, fue citado a una audiencia para el próximo 28 de agosto por una posible defraudación fiscal por 17 millones 69 mil 865 pesos en 2017.
El empresario enfrenta una acusación por parte de la Secretaría de Hacienda, en donde está siendo acusado de retener un total de 54 millones de pesos del concepto de Impuesto Sobre la Renta a 26 jugadores e integrantes del cuerpo técnico, pero que fueron registrados como “primas indemnizatorias de riesgo de trabajo”, las cuales legalmente están exentas de ese impuesto.
El diario REFORMA informó desde el 27 de junio de 2023 que la FGR ya investigaba a Irarragorri, presidente y director de Grupo Orlegi, dueño de Santos y Atlas.
La carpeta de investigación de la FGR fue iniciada luego de que la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) denunció a Santos Laguna, a su presidente Alejandro Iraragorri y a José Alfredo Jiménez Tejeda, vocal y apoderado general del club.
Los destinatarios de los recursos fueron directivos como José Manuel “El Chepo” de la Torre y Benjamín Galindo y jugadores como Néstor Araujo, Djaniny Tavares, Jonathan Rodríguez, Osvaldo Martínez, Jonathan Orozco, Diego de Buen, Javier Abella y Julio César Furch, entre otros.
Cabe mencionar que el Club Santos Laguna ha negado categóricamente las acusaciones antes mencionadas,
“El Club y el presidente del Consejo de Administración han sido emplazados a una audiencia inicial de proceso para el próximo 28 de agosto que corresponde a este caso relacionado con el año 2017. El Club no tiene ninguna deuda con Hacienda, pues ha cumplido y cumple estrictamente todos los preceptos, pagos y procedimientos establecidos por la legislación vigente en materia fiscal”, expusieron a través de un comunicado.
En dicho informe se resalta la cooperación del Club con el SAT para aclarar la situación: “el 2 de mayo de 2024 se solicitó la judicialización en el ámbito penal del caso de supuesto fraude fiscal por valor de 17 millones de pesos. El Club rechaza que un caso meramente administrativo se convierta en penal y se vulnere el principio de presunción de inocencia”.
