En un comunicado emitido este viernes, Grupo Salinas denunció lo que considera una campaña de hostigamiento institucional orquestada por el Estado, mediante presiones fiscales, resoluciones ilegales y ataques políticos, con el objetivo de silenciar voces críticas e independientes.
La empresa señaló directamente a la procuradora fiscal Grisel Galeano por encabezar acciones de extorsión fiscal, acusándola de utilizar su cargo con fines políticos en detrimento del Estado de derecho.
Según el grupo empresarial, este comportamiento es un legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien responsabilizan por haber instaurado una estrategia de persecución contra empresarios desde la más alta tribuna del poder.
Grupo Salinas asegura que los señalamientos de presuntas deudas fiscales provienen de cobros dobles, abusivos e ilegales ejecutados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y que obedecen más a motivaciones políticas que a fundamentos legales.
“Se trata de tapar los huecos financieros de un sexenio caracterizado por el despilfarro y el endeudamiento irresponsable”, subraya el comunicado.
Entre las obras públicas criticadas por el consorcio destacan el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Dos Bocas y el Tren Maya, cuyo sobrecosto, aseguran, rebasa los 13 veces el monto que ahora se les exige a ellos en impuestos.
La empresa también arremetió contra lo que califica como una “farsa electoral judicial”, argumentando que en México la justicia se ha convertido en un instrumento de presión contra críticos y opositores. “Pretenden doblar a jueces para dictarles el sentido de sus votos, siempre en contra nuestra”, expresaron.
Finalmente, el comunicado concluye con un llamado a la libertad de expresión y una postura firme ante las presiones: “Seguiremos defendiéndonos de los abusos que pretenden imponernos. No nos van a silenciar”.