La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Durango lanzó un posicionamiento en el que advierte un deterioro grave del estado de derecho en la entidad, señalando que la seguridad y la justicia deben ser condiciones mínimas e innegociables para el desarrollo económico, ante lo que calificó como años de silencio, coacción y debilitamiento institucional.
El organismo empresarial sostuvo que la reciente movilización de fuerzas de seguridad federales en Durango abre una ventana que no puede desaprovecharse para enfrentar una problemática que ha sido callada por temor: la pérdida o transferencia forzada de bienes muebles e inmuebles mediante presiones, amenazas y cooptación institucional.
Denunció que sectores clave como el comercial, ganadero, forestal, minero, agrícola y de transporte han sido vulnerados por prácticas de coacción que obligan a la entrega de bienes, terrenos, productos y utilidades en condiciones irregulares y a precios fuera de toda lógica de mercado, lo que ha provocado la ruptura de la confianza empresarial y un golpe directo a la inversión y al desarrollo regional.
COPARMEX Durango subrayó que el despojo de propiedades y las ventas bajo amenaza constituyen delitos graves que no deben ser normalizados bajo ninguna circunstancia, al advertir que detrás de cada patrimonio afectado existen años de trabajo, esfuerzo familiar y construcción de vida que no pueden quedar en la impunidad.
Frente a este escenario, hizo un llamado enérgico a la sociedad civil organizada, cámaras empresariales, organismos sociales y colegios de profesionistas a cerrar filas en defensa del estado de derecho, el trabajo lícito y la propiedad privada, al considerar que el silencio solo fortalece las condiciones de abuso.
Asimismo, exigió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno la implementación inmediata de mecanismos efectivos de denuncia segura y confidencial, así como acciones reales para proteger a las víctimas y recuperar la legalidad en la entidad, sin simulaciones ni respuestas parciales.
De igual forma, demandó a las instituciones del Estado la instalación de mesas de diálogo con resultados concretos para la restitución de bienes a sus legítimos propietarios y el restablecimiento pleno del estado de derecho como garantía básica para la vida económica y social de Durango.
Finalmente, COPARMEX Durango advirtió que no puede haber desarrollo posible donde impera el miedo sobre la ley, y reiteró que la justicia, la seguridad y la certeza jurídica deben dejar de ser aspiraciones para convertirse en una realidad exigible y verificable para todos los duranguenses.