El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Marcelo Torres Cofiño, presentó una iniciativa de reforma constitucional para eliminar el fuero a gobernadores que sean investigados por delitos relacionados con delincuencia organizada, narcotráfico o lavado de dinero, con el objetivo de impedir que el poder público se convierta en un mecanismo de protección para presuntos responsables.
La propuesta plantea modificar los artículos 108 y 111 de la Constitución para que, ante indicios fundados o imputaciones formales contra un mandatario estatal, la Fiscalía General de la República pueda iniciar de manera inmediata las investigaciones sin necesidad de que exista una declaración de procedencia por parte de los congresos locales o federal.
Además, contempla que los gobernadores sean separados cautelarmente del cargo una vez que sean vinculados a proceso por delitos graves relacionados con el crimen organizado.
Torres Cofiño señaló que el país enfrenta una situación en la que las instituciones corren el riesgo de ser capturadas por organizaciones criminales, por lo que consideró indispensable cerrar los espacios de impunidad.
“El fuero constitucional se diseñó para proteger la función pública, jamás para operar como un escudo de impunidad frente a delitos que ensangrientan a nuestra sociedad”, sostuvo.
El legislador afirmó que su iniciativa busca establecer un mecanismo automático, transparente y sin criterios políticos para que las autoridades puedan actuar cuando existan elementos suficientes que vinculen a un gobernador con actividades delictivas.
“Si existen elementos fundados o solicitudes de cooperación internacional por narcotráfico contra un gobernador, la justicia debe actuar de inmediato, sin discrecionalidad y sin pedir permiso a los congresos”, expresó.
Torres Cofiño aseguró que la reforma no vulnera la presunción de inocencia ni el debido proceso, ya que únicamente elimina los obstáculos legales que actualmente retrasan las investigaciones contra servidores públicos de alto nivel.
Asimismo, lanzó un llamado a las fuerzas políticas para respaldar la iniciativa.
“La ley debe medir a todos con la misma vara. Si realmente tienen las manos limpias y nada que ocultar, ¿por qué le temen tanto a perder el fuero?”, cuestionó.
La propuesta también establece un plazo de 180 días naturales para que el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales armonicen su legislación una vez que la reforma entre en vigor.