El hallazgo de una presunta refinería clandestina en Reynosa, Tamaulipas, volvió a colocar bajo el escrutinio público a empresarios relacionados con el tráfico ilegal de combustibles. En este contexto, el diputado local y dirigente del PRI en Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, consideró necesario que la Fiscalía General de la República (FGR) revise posibles conexiones entre uno de los empresarios mencionados en el caso y Américo Villarreal Santiago, actual delegado del Bienestar en Coahuila.
El legislador planteó que la aparición de referencias periodísticas sobre una relación entre ambos debe ser suficiente para que las autoridades competentes determinen si existe algún elemento que deba investigarse.
No obstante, Robles aclaró que no cuenta con elementos para afirmar que Villarreal Santiago haya participado en actividades relacionadas con el robo o tráfico ilegal de hidrocarburos.
El señalamiento surge después de que autoridades localizaran en Reynosa una instalación presuntamente utilizada para procesar combustible ilegal, en un operativo que se suma a otros aseguramientos registrados en Tamaulipas durante los últimos años.
La petición del legislador coahuilense se origina en las publicaciones que han señalado una relación entre Américo Villarreal Santiago y un empresario mencionado en las investigaciones relacionadas con el combustible ilegal.
Robles sostuvo que la existencia de estos señalamientos no significa que pueda atribuirse directamente una responsabilidad penal al funcionario. Por el contrario, consideró que precisamente corresponde a las instituciones de procuración de justicia determinar si las relaciones señaladas tienen alguna relevancia dentro de las investigaciones.
Su llamado está dirigido principalmente a la FGR, instancia federal encargada de investigar delitos de competencia federal. El objetivo, de acuerdo con el planteamiento, sería esclarecer cualquier posible conexión y, en su caso, deslindar responsabilidades.
El legislador también hizo referencia a los antecedentes recientes de Tamaulipas en materia de tráfico ilegal de combustibles, donde han aparecido empresas, empresarios y redes de transporte relacionadas con investigaciones sobre hidrocarburos.
Por ello, insistió en que cualquier indicio que pueda aportar información adicional debe ser revisado por las autoridades y no convertirse automáticamente en una acusación contra quienes aparecen mencionados.