El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Marcelo Torres Cofiño, advirtió que el sistema de pensiones en el país atraviesa una crisis severa que compromete la estabilidad de las finanzas públicas, producto del incremento constante en el gasto presupuestal destinado a este rubro y la falta de generación de empleo formal.
El legislador y analista señaló que para el presente ejercicio fiscal el presupuesto asignado al pago de pensiones supera los 2.3 billones de pesos, cifra que equivale a más del 6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y que absorbe uno de cada cuatro pesos del gasto federal. Indicó que este escenario ha colocado en números rojos las reservas operativas de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), sumado a la modificación en la relación de contribuyentes activos por cada pensionado.
En ese sentido, Torres Cofiño destacó las cifras emitidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), las cuales detallan que entre enero y agosto de 2026 los trabajadores mexicanos retiraron 31 mil 514 millones de pesos de sus cuentas individuales de Afore por motivo de desempleo. Este monto representa un incremento del 24.1 por ciento en términos reales en comparación con el mismo periodo del año anterior, afectando a más de 1.45 millones de personas.
El diputado panista enfatizó que el retiro por desempleo, si bien constituye un derecho legal, impacta de manera directa el saldo acumulado para la jubilación y reduce las semanas cotizadas ante la seguridad social. Atribuyó esta tendencia al bajo dinamismo en la creación de puestos de trabajo formales y bien remunerados, señalando que el registro de trabajadores ante el IMSS reporta un crecimiento acumulado de apenas 1.2 por ciento en lo que va del año.
Finalmente, el representante legislativo hizo un llamado a revisar la política hacendaria y las reglas de operación del sistema previsional para garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo, frenar la contratación de endeudamiento público y brindar certidumbre económica a las familias mexicanas.