Habitantes de las colonias Valle La Rosita y Ampliación Valle La Rosita acudieron a la Presidencia Municipal de Torreón ante el riesgo de desalojo que enfrentan varias familias debido a conflictos legales relacionados con la propiedad de los terrenos que ocupan desde hace aproximadamente 20 años.
De acuerdo con los vecinos, los predios fueron ocupados de manera irregular y con el paso de los años se construyeron viviendas; sin embargo, actualmente existen resoluciones judiciales que reconocen derechos sobre algunas de estas propiedades a particulares o instituciones.
Mónica Gómez, habitante de Valle La Rosita, informó que el lunes de esta semana se registró un intento de desalojo por parte de personas que acudieron al sector para reclamar la posesión de algunos terrenos.
Explicó que, tras la inconformidad de los vecinos y una negociación con quienes reclamaban la propiedad, fue posible detener momentáneamente la actuación.
Según los habitantes, las personas que acudieron al lugar se identificaron como representantes de una institución bancaria y señalaron contar con una resolución de un juez federal para recuperar terrenos donde actualmente existen viviendas.
Karla Olivas Morales, dirigente del Movimiento Antorchista en Torreón, señaló que la situación provocó protestas entre los vecinos, quienes cerraron algunas vialidades y quemaron llantas ante el temor de perder su patrimonio.
“Pudimos hablar con el representante del banco, quien dijo que en 2019 se hizo un juicio que ganó la institución a un particular, quien por cierto ya falleció; pidieron que pagaran y logramos que cada familia pagara 300 mil pesos para no perder su patrimonio”, expresó.
La dirigente indicó que, luego de las negociaciones, algunas familias se comprometieron a cubrir alrededor de 350 mil pesos por cada predio, mientras que otras manifestaron contar con posibilidades para realizar el pago de manera inmediata.
Los habitantes acudieron a las autoridades municipales en busca de acompañamiento y alternativas que permitan resolver el conflicto y evitar que las familias pierdan las viviendas que han construido y habitado durante las últimas dos décadas.