Los familiares de Richard Halliday aseguran que la gobernadora de Chihuahua conocía la presencia de agentes extranjeros en la entidad desde antes del operativo antidrogas de abril de 2026. La Fiscalía estatal rechaza que el caso del militar esté relacionado con esos hechos.
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván, enfrenta nuevos señalamientos luego de que familiares del militar estadounidense Richard Halliday presentaran una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), en la que solicitan investigar si la mandataria tenía conocimiento previo de operaciones de agencias de inteligencia de Estados Unidos en territorio mexicano.
De acuerdo con una investigación publicada por Animal Político el 21 de octubre, la denuncia fue enviada mediante correo electrónico el pasado 27 de mayo por Robert Halliday, padre del militar, quien aseguró contar con documentos que presuntamente demostrarían que la gobernadora recibía informes de inteligencia sobre actividades estadounidenses en Chihuahua desde al menos un año antes del operativo antidrogas efectuado en abril de 2026.
Los familiares sostienen que esta información contradice las declaraciones públicas de Campos Galván, quien afirmó desconocer la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en las acciones desarrolladas en la Sierra Tarahumara.
El caso adquirió mayor relevancia tras la muerte de dos agentes estadounidenses, Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black, en un accidente vehicular relacionado con un operativo contra un presunto laboratorio clandestino de drogas en la localidad de El Pinal.
Las investigaciones por estos acontecimientos derivaron en la detención del exfiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, el pasado 17 de octubre, quien enfrenta procesos penales relacionados con su presunta responsabilidad en los hechos.
Solicitan investigar acuerdos entre Chihuahua y Texas
Como parte de sus señalamientos, la familia Halliday pidió revisar los vínculos institucionales entre el Gobierno de Chihuahua y autoridades del estado de Texas, particularmente el acuerdo firmado el 14 de abril de 2022 por Maru Campos y el gobernador estadounidense Greg Abbott.
Los denunciantes consideran necesario determinar si dichos acercamientos dieron lugar a mecanismos de colaboración con agencias extranjeras al margen de las autoridades federales mexicanas.
En su escrito también mencionaron a Alejandra de la Vega Foster, exfuncionaria estatal, a quien atribuyen una participación relevante en los contactos entre ambas administraciones.
Los señalamientos han abierto cuestionamientos jurídicos relacionados con el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe a las entidades federativas celebrar alianzas, tratados o coaliciones con otros países.
Sin embargo, la existencia de acuerdos de cooperación entre autoridades estatales no demuestra por sí misma una violación constitucional, por lo que correspondería a las autoridades competentes analizar su naturaleza jurídica y sus alcances.
Fiscalía de Chihuahua rechaza vínculo de Halliday con operativo de la CIA
Tras la publicación de los señalamientos, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua emitió un comunicado el 21 de octubre en el que rechazó que Richard Halliday hubiera sido asesinado en territorio chihuahuense en 2025 o que existieran elementos para relacionarlo con el operativo de El Pinal.
La dependencia aclaró que el militar fue reportado como desaparecido desde julio de 2020, cuando se encontraba adscrito a la base de Fort Bliss, en Texas. Además, precisó que el expediente abierto en Ciudad Juárez fue cerrado en abril de 2023 y que no existen registros que acrediten su presencia en Chihuahua durante 2025.
Por otra parte, el Ejército estadounidense determinó en abril de 2024 que Halliday había fallecido el 23 de julio de 2020, aunque no estableció públicamente la causa de muerte ni informó sobre la recuperación de sus restos. Esta información contradice la versión de que hubiera sido asesinado en Chihuahua durante 2025.
Investigación federal continúa bajo cuestionamientos
La controversia ocurre mientras las autoridades federales investigan la participación de personal estadounidense en tareas de seguridad realizadas en Chihuahua y las posibles responsabilidades de funcionarios estatales.
Maru Campos ha sostenido que tenía conocimiento del operativo contra un laboratorio clandestino, pero no de la presencia de agentes de inteligencia extranjeros, y ha negado haber autorizado o gestionado su ingreso.
Hasta el momento, no se ha informado públicamente de una resolución de la FGR sobre los señalamientos presentados por la familia Halliday. Las acusaciones permanecen sujetas a investigación y no constituyen una determinación de responsabilidad penal contra la gobernadora.