Integrantes de distintos ejidos de la región Laguna se manifestaron frente a las oficinas del Registro Agrario Nacional (RAN), ubicadas sobre la avenida Abasolo, en la colonia Centro de Torreón, para denunciar presuntas irregularidades en la comercialización de terrenos ejidales y exigir la intervención de las autoridades.
Los inconformes señalaron que enfrentan conflictos relacionados con la posesión y propiedad de sus tierras, las cuales, aseguran, pretenden ser vendidas a particulares sin contar con la autorización de quienes reclaman derechos sobre ellas.
María Isabel Pérez Contreras, representante de un grupo de afectados del ejido La Joya, explicó que al menos 12 personas detectaron que una empresa inmobiliaria había colocado anuncios de venta en terrenos que consideran de su propiedad, situación que encendió las alertas entre los ejidatarios.
Ante esta situación, decidieron acudir directamente a los predios para impedir cualquier intento de comercialización. Sin embargo, aseguró que el comisariado ejidal les informó que los terrenos serían vendidos, aun cuando los afectados no habían otorgado su consentimiento.
Como medida de protesta, los ejidatarios realizaron una zanja en el terreno para hacer evidente que existen personas que reclaman derechos sobre esas tierras y que se oponen a su venta.
“Tenemos que alzar la voz para que no se haga una injusticia con nuestros terrenos”, expresó Pérez Contreras, quien sostuvo que las tierras ejidales no pueden comercializarse como propiedades particulares sin cumplir los procedimientos legales correspondientes.
La manifestante adelantó que los afectados ya buscan asesoría jurídica para determinar la posibilidad de presentar una demanda y evitar que se concrete la operación inmobiliaria.
Asimismo, señaló que esta problemática no es exclusiva de La Joya, pues aseguró que existen conflictos similares y presuntos despojos de terrenos en los ejidos San Antonio de los Bravos, La Perla, El Águila y La Partida.
Denuncian conflicto agrario que se arrastra desde 1994
Por su parte, María del Rosario Vargas Leos, del ejido San Antonio de los Bravos, expuso que los habitantes de esa comunidad enfrentan una disputa territorial desde 1994, relacionada con una operación en la que estuvo involucrada una sociedad mercantil de Monterrey.
Explicó que el conflicto comprende una superficie total de 586 hectáreas, de las cuales 535 fueron consideradas en la operación, mientras que quedaron pendientes 51 hectáreas.
De acuerdo con su testimonio, un grupo de 35 personas manifestó su inconformidad con la transacción, debido a que presuntamente se les prometió un pago de contado que nunca recibieron.
Agregó que dentro del conflicto también se encuentran acequias y caminos que, según afirmó, fueron devueltos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pero que posteriormente fueron ocupados, lo que derivó en desalojos y nuevas disputas por la posesión de otros terrenos.
Los manifestantes insistieron en que las autoridades agrarias deben revisar cada uno de los casos para esclarecer la situación jurídica de los predios y garantizar que se respeten los derechos de los ejidatarios.
Advirtieron que continuarán buscando alternativas legales para defender las tierras que consideran parte de su patrimonio familiar y evitar posibles actos de despojo.