El presunto desvío de 66 millones de pesos del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Torreón podría llevar a prisión a más personas, entre ellas dos hijos del fallecido exalcalde Román Alberto Cepeda, exfuncionarios municipales, un empresario y un notario público de Gómez Palacio, de acuerdo con lo señalado por el senador de Morena, Luis Fernando Salazar Fernández.

Entre los investigados mencionó al extesorero municipal Óscar Gerardo Luján Fernández, a los exgerentes del SIMAS Eduardo Terrazas Ramos y Roberto Escalante González, así como a Ernesto Valenciana, director de Corporativo Valmar, a quien identificó como uno de los principales operadores del presunto esquema de desvío de recursos.

El legislador aseguró que podrían registrarse nuevas detenciones en cualquier momento, aunque reconoció que desconoce cuándo se ejecutarían los operativos y no confirmó la existencia de órdenes de aprehensión contra todos los involucrados.

Uno de los señalamientos más relevantes corresponde a Ernesto y Román, hijos mayores del exalcalde, quienes presuntamente recibieron depósitos superiores a los 3 millones 300 mil pesos, movimientos que, según el senador, aparecen documentados en las investigaciones financieras.

Salazar Fernández explicó que el dinero habría sido movilizado mediante una empresa utilizada para simular operaciones fiscales. En ese esquema también estaría relacionado un notario de Gómez Palacio, cuya identidad no reveló por cuestiones legales, pero que habría dado fe de transacciones millonarias.

Además, señaló que a través de una empresa sin capacidad financiera aparente se adquirieron dos aeronaves que presuntamente quedaron en poder del exalcalde y su familia.

En cuanto al extesorero Luján Fernández, sostuvo que habría participado en el manejo de recursos federales destinados al organismo operador, mientras que parte del dinero terminó en cuentas relacionadas con los exgerentes y familiares del exalcalde.

La investigación comenzó con una denuncia presentada por el propio senador ante la Fiscalía General de la República (FGR) en junio de 2025, por irregularidades en el manejo de aproximadamente 66 millones de pesos provenientes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), destinados al mantenimiento de pozos y equipos de bombeo.

Posteriormente, el legislador aportó información adicional a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que permitió ampliar las indagatorias sobre movimientos bancarios y posibles operaciones de simulación fiscal.

Hasta ahora, cinco personas han sido vinculadas a proceso y permanecen bajo prisión preventiva oficiosa, según la información proporcionada por Salazar Fernández.

Respecto a Martha Rodríguez Romero, aclaró que no fue incluida en su denuncia inicial y que su nombre surgió tras detectarse una transferencia de 680 mil pesos realizada por su esposo, Gánem Guerrero, a su cuenta personal.

El senador también sostuvo que el fallecido exalcalde Román Alberto Cepeda estuvo cerca de ser detenido dentro de las investigaciones relacionadas con la estrategia federal Operación Enjambre, aunque no presentó documentación judicial que confirmara esa afirmación.

Salazar Fernández consideró que todavía existen más personas involucradas y anticipó que las autoridades federales podrían avanzar con nuevas acciones contra quienes presuntamente participaron en las operaciones financieras.

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación pública de órdenes de aprehensión contra todas las personas mencionadas, por lo que los señalamientos corresponden a las declaraciones del legislador y no constituyen una determinación judicial de responsabilidad.

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