El diputado federal del PAN, Marcelo Torres Cofiño, presentó una iniciativa para expedir la Ley Federal de Coherencia y Responsabilidad en el Ejercicio del Poder Público, con el objetivo de garantizar congruencia entre el discurso de austeridad y el uso real de recursos públicos por parte de altos funcionarios.
Durante la presentación, el legislador criticó la política de austeridad impulsada por Morena, al señalar que se ha convertido en una simulación que permite la permanencia de privilegios y opacidad.
“Morena prometió austeridad, pero terminó normalizando privilegios, opacidad y abusos disfrazados de legalidad”, expresó.
La iniciativa busca atender lo que calificó como una “zona de discrecionalidad” en el ejercicio del poder, donde existen beneficios indirectos que, aunque no forman parte del salario, representan el uso de recursos públicos para fines personales.
Entre las principales propuestas, destaca la creación de un registro público de viajes oficiales de altos funcionarios, en el que se detalle costo, justificación, duración, transporte y acompañantes.
Además, contempla la obligación de transparentar trimestralmente el gasto personal indirecto, así como la implementación de una Declaración de Coherencia y Estilo de Vida Funcional, que complemente la declaración patrimonial.
El proyecto también plantea sancionar como falta administrativa grave la omisión o falsedad de información relacionada con estos rubros, así como prohibir el uso de transporte aéreo privado o en clase ejecutiva con recursos públicos, salvo casos excepcionales debidamente justificados.
Asimismo, se propone impedir que familiares sin funciones públicas acompañen a los funcionarios en viajes oficiales.
Torres Cofiño subrayó que la iniciativa no busca fiscalizar ingresos privados, sino regular el estilo de vida financiado con recursos públicos.
“No se puede hablar en nombre del pueblo y vivir con privilegios pagados desde el poder”, sostuvo.
El legislador indicó que la propuesta no implicaría un incremento presupuestal, ya que se apoyaría en estructuras institucionales existentes, y contribuiría a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
Finalmente, reiteró que el objetivo es eliminar la simulación en el ejercicio del poder.
“El verdadero problema no es solo cuánto gastan, sino la impunidad con la que dicen una cosa y hacen otra”, concluyó.