La construcción de la nueva Ciudad Judicial en Torreón avanza con la promesa de transformar de fondo el sistema de impartición de justicia en la región, con una proyección de reducir hasta en un 70 por ciento los tiempos de resolución de los casos, informó el magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Mery Ayup.
El complejo, que se ubica en el Centro Histórico de la ciudad, concentrará en un solo espacio todos los servicios judiciales que actualmente se encuentran distribuidos en distintos puntos, lo que facilitará el acceso a la justicia para ciudadanos no solo de Torreón, sino también de municipios como Matamoros, Francisco I. Madero y Viesca.
De acuerdo con lo proyectado, el edificio albergará a cerca de 400 servidores públicos y recibirá diariamente entre 600 y 800 personas, quienes podrán acceder en un mismo lugar a jueces, defensores públicos, mediadores y áreas de evaluación psicosocial, lo que representa un cambio significativo en la atención al usuario.
Más allá de la infraestructura, uno de los principales cambios radica en el modelo de operación. El esquema tradicional de juzgados, en el que cada juez cuenta con su propio equipo de secretarios y personal administrativo, será sustituido por un sistema de equipos compartidos, lo que permitirá a los juzgadores enfocarse directamente en la resolución de los asuntos, dejando de lado tareas administrativas que ralentizan los procesos.
Otro de los ejes clave del proyecto es la digitalización. Con la implementación de un sistema moderno, las notificaciones podrán realizarse mediante correo electrónico o aplicaciones de mensajería, mientras que los expedientes serán completamente digitales, eliminando gradualmente el uso de papel y agilizando los procedimientos.
Además, se contempla una mayor oralidad en los juicios, con audiencias más dinámas que podrán ser consultadas por las partes a través de enlaces electrónicos, lo que busca dar mayor transparencia y accesibilidad al sistema judicial.
Se estima que la obra esté concluida en enero del próximo año, en preparación para la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en abril, lo que obliga a contar con instalaciones modernas y funcionales.
La inversión para este proyecto supera los 250 millones de pesos bajo un esquema de arrendamiento, con lo que se busca modernizar la infraestructura judicial sin comprometer recursos inmediatos del erario.