Al menos seis familias habrían sido víctimas del fraude telefónico. Los estafadores aprovechan la desesperación de los familiares para exigir depósitos bajo el engaño de supuestos trámites de liberación.
Además de enfrentar la incertidumbre por los procesos judiciales de sus familiares, parientes de mujeres recluidas en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de San Pedro se han convertido en blanco de presuntos extorsionadores que, mediante llamadas telefónicas, prometen falsas liberaciones a cambio de depósitos bancarios.
Una de las víctimas es Martha Ríos, madre de Jaqueline “N”, quien denunció haber sido engañada por delincuentes que le aseguraron que su hija, detenida desde hace casi seis meses por un delito que, afirma, no cometió, obtendría su libertad al día siguiente.
De acuerdo con su testimonio, durante la llamada los presuntos extorsionadores le indicaron que debía realizar un depósito de 4 mil pesos para agilizar el supuesto trámite. Posteriormente, le solicitaron otros 3 mil 500 pesos con el argumento de que era necesario adquirir un brazalete electrónico para concretar la liberación.
Convencida de que se trataba de un procedimiento oficial y motivada por la esperanza de reencontrarse con su hija, la mujer efectuó ambos pagos. Sin embargo, poco después descubrió que todo había sido un engaño y que había sido víctima de un fraude telefónico.
Martha Ríos aseguró que su caso no es el único. Según relató, al menos otras cinco familias de personas privadas de la libertad en el penal habrían caído en el mismo esquema de extorsión, mediante llamadas realizadas desde números con claves lada de otros estados del país.
La denunciante explicó que la angustia y la desesperación por conocer noticias favorables sobre sus familiares llevaron a varias personas a ignorar las señales de alerta y realizar los depósitos solicitados por los delincuentes.
Tras conocerse la serie de fraudes, presuntamente las autoridades del CERESO informaron a las internas para que advirtieran a sus familiares sobre este tipo de llamadas y evitaran que más personas fueran engañadas.
A la pérdida económica se suma el desgaste emocional y jurídico que enfrentan las familias. En el caso de Jaqueline “N”, su madre señaló que, a casi seis meses de la detención, la investigación aún no concluye y continúan a la espera de una resolución que defina la situación legal de su hija.
Si lo deseas, también puedo adaptarla con un estilo más sensacionalista o con un enfoque de nota de seguridad pública.