El sistema de justicia penal vigente en Coahuila se ve limitado por la legislación actual, la cual impide la aplicación de penas de prisión efectiva contra las bandas organizadas dedicadas al farderismo (sustracción ilegal de mercancías en tiendas) debido a que el marco legal prioriza los acuerdos reparatorios inmediatos, informó el director de la Cámara de Comercio (Canaco) de Saltillo, Salvador Rodríguez Saade.
El representante empresarial precisó que la estructura del nuevo sistema penal acusatorio —modelo que busca solucionar conflictos mediante la compensación económica sin llegar a juicio— diluye el factor de reincidencia delictiva, provocando un ciclo donde los infractores obtienen su liberación expedita tras devolver la mercancía o pagar su valor.
Refirió que el farderismo en el primer cuadro de la ciudad representa una problemática estructural de largo plazo que involucra a células delictivas con un alto nivel de organización interna.
Rodríguez Saade expuso que, en años previos, se gestionaron ante el Congreso local iniciativas para tipificar la reincidencia como un agravante penal con el fin de dictar prisión preventiva; sin embargo, el diseño normativo de las leyes vigentes neutraliza esta vía al catalogar el delito como patrimonial no grave y sujeto a mediación alternativa, lo que impide que el historial delictivo de los infractores genere antecedentes acumulativos automáticos.
A este obstáculo de la legislación se suma la complejidad burocrática en las agencias del Ministerio Público. El tiempo requerido para interponer, ratificar y dar seguimiento a una denuncia formal representa un costo operativo inviable para los micro y pequeños empresarios locales, quienes optan por la recuperación inmediata del producto robado en lugar de iniciar un litigio legal.
El director de la Canaco Saltillo manifestó que los pequeños comerciantes enfrentan limitaciones operativas severas debido a los altos índices de rotación de personal, lo que les impide abandonar físicamente sus establecimientos comerciales para atender trámites judiciales prolongados sin comprometer el funcionamiento diario del negocio.
Ante la ineficacia de los procesos de demanda, dijo, el comercio organizado de Saltillo ha optado por absorber la pérdida económica mediante la prevención interna. “Esta situación ha forzado a los establecimientos a destinar flujos de capital privado para reforzarse con infraestructura tecnológica, incrementando la instalación de cámaras de circuito cerrado de televisión y duplicando la vigilancia en los pisos de venta para contener la actividad de estas bandas”, afirmó.
Consideró que el sector comercial buscará reactivar las mesas de diálogo con las autoridades correspondientes para evaluar la viabilidad de que estas conductas se investiguen bajo la vertiente de crimen organizado, un ajuste legislativo que modificaría las reglas de la prisión preventiva y obligaría a una reestructuración en los criterios de selectividad penal del Ministerio Público.