El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, presentó una denuncia popular contra quienes resulten responsables de haber autorizado la instalación de la planta de fertilizantes Fermachem en Lerdo, Durango, proyecto que ha generado rechazo y preocupación entre ciudadanos y colectivos ambientalistas de la Comarca Lagunera.
La acción legal busca que las autoridades federales investiguen los permisos, dictámenes y procedimientos administrativos relacionados con el complejo industrial, así como los posibles impactos que su construcción y operación podrían ocasionar en el agua, el aire, el suelo y la biodiversidad de la región.
Álvarez Máynez cuestionó que un proyecto de esta magnitud pueda avanzar sin que exista plena certeza pública sobre sus riesgos ambientales, especialmente por su cercanía con el Cañón de Fernández, una de las principales reservas naturales de La Laguna y un espacio estratégico para la conservación del río Nazas.
La denuncia fue presentada ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y está dirigida contra quien resulte responsable por posibles actos u omisiones en la autorización del proyecto. Corresponderá a la autoridad determinar si los procedimientos cumplieron con la legislación y si existen elementos para iniciar sanciones o medidas preventivas.
La planta contempla la producción de fertilizantes a partir de amoniaco y urea, sustancias que requieren estrictos protocolos de seguridad por los riesgos asociados con su manejo. La preocupación social se concentra en la posibilidad de fugas, emisiones contaminantes, accidentes industriales y afectaciones a comunidades cercanas.
El caso también adquirió una dimensión política, al poner bajo cuestionamiento la actuación de las dependencias responsables de aprobar el proyecto y la transparencia con la que se ha informado a la población sobre sus alcances.
Movimiento Ciudadano sostuvo que el desarrollo económico no puede utilizarse como argumento para flexibilizar las normas ambientales ni para relegar la participación ciudadana en decisiones que pueden modificar de manera permanente el territorio.
Colectivos y habitantes de La Laguna han solicitado que se revise la Manifestación de Impacto Ambiental y que se realicen estudios independientes para conocer las consecuencias que podría tener la operación de Fermachem sobre los recursos naturales y la salud pública.
Aunque los promotores del proyecto han asegurado que se utilizará agua tratada y que la planta contará con tecnología y mecanismos de control, los opositores consideran que esas afirmaciones deben ser verificadas por organismos independientes y puestas a disposición de la ciudadanía.
La denuncia presentada por Álvarez Máynez incrementa la presión sobre las autoridades ambientales para que transparenten los permisos otorgados y expliquen bajo qué criterios técnicos se determinó la viabilidad del complejo industrial.
El dirigente emecista advirtió que la protección del Cañón de Fernández y de los recursos hídricos de La Laguna debe estar por encima de cualquier interés empresarial o político, por lo que demandó una investigación exhaustiva y sin privilegios.