El diputado federal del PAN, Marcelo Torres Cofiño, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas con el objetivo de sancionar el nepotismo indirecto y combatir lo que calificó como una creciente captura familiar del Estado.
El legislador sostuvo que las actuales disposiciones legales dejan vacíos que permiten que familiares, parejas o personas cercanas a funcionarios públicos intervengan en decisiones de gobierno sin ocupar un cargo oficial y, por lo tanto, sin asumir responsabilidades.
“El verdadero poder ya no siempre despacha desde una oficina pública. Muchas veces despacha desde la sala de una casa, desde una mesa familiar o desde la oficina del hermano, del hijo, de la esposa o del amigo. Eso también es corrupción, y eso también debe castigarse”, señaló.
La propuesta plantea incorporar a la legislación conceptos como “captura familiar del Estado”, “nepotismo indirecto”, “gestión indebida” y “persona vinculada”, además de establecer sanciones que podrían incluir destitución, inhabilitación de hasta 20 años, sanciones económicas y la revisión o nulidad de actos administrativos que hayan sido afectados por influencias familiares.
Torres Cofiño también propone transparentar las gestiones realizadas por personas vinculadas con servidores públicos, establecer un registro de audiencias y obligar a reportar cualquier intento de presión o intermediación indebida en asuntos de gobierno.
El diputado panista aseguró que el nepotismo dejó de ser una práctica aislada y acusó al partido Morena de reproducir conductas que anteriormente criticaba.
“La famosa transformación terminó convirtiéndose en una transferencia del poder… pero entre familias. Cambiaron los apellidos, no las mañas”, afirmó.
Como parte de la exposición de motivos, la iniciativa hace referencia a diversos casos que han formado parte del debate público nacional en torno al nepotismo, influyentismo y concentración del poder. El documento aclara que las menciones no prejuzgan responsabilidades individuales y que cualquier determinación corresponde a las autoridades competentes.
El legislador sostuvo que la intención es cerrar los espacios que permiten que personas sin un cargo formal influyan en decisiones públicas y obtengan beneficios mediante vínculos familiares o personales.
“No basta con decir que no son iguales. Hay que demostrarlo con leyes que impidan que el gobierno se convierta en patrimonio de unas cuantas familias. En México debe gobernar el mérito, no el parentesco”, afirmó Torres Cofiño.