Corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno realizaron la noche del domingo 4 de octubre un cateo en la vivienda que habitaban Carlos “N” y David “N”, hermanos de 18 años vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el ataque ocurrido en la Escuela Secundaria General número 13, en Torreón.
La movilización comenzó alrededor de las 20:00 horas en el inmueble del ejido La Unión, donde los jóvenes residían con su madre, dos hermanos menores y sus abuelos maternos. La diligencia forma parte de las investigaciones sobre la agresión del pasado 1 de octubre, que dejó una docente fallecida y cuatro personas lesionadas.
En el operativo participaron elementos de la Policía de Acción y Reacción, Policía Civil de Coahuila, Grupo de Reacción Torreón, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, así como personal del Mando Especial de La Laguna.
También acudieron agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Delegación Laguna I de la Fiscalía General del Estado y un binomio de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón.
Horas antes del cateo, los hermanos, quienes son exalumnos del plantel, fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado en agravio de Nedi Edith Nevárez González, subdirectora de la secundaria, quien perdió la vida durante el ataque.
La Fiscalía también les atribuye homicidio calificado en grado de tentativa por las lesiones sufridas por otras cuatro personas. De acuerdo con la imputación presentada ante el juez, se señalaron las agravantes de ventaja, alevosía, brutal ferocidad y saña.
Hasta la noche del domingo, las autoridades no habían emitido un reporte oficial sobre los objetos, documentos o indicios que pudieran haberse asegurado en el domicilio.
La investigación ministerial incluye el análisis del entorno de los imputados, sus pertenencias y su actividad digital, con el propósito de esclarecer las circunstancias de la agresión y determinar cómo fue preparada.
Como parte de estas indagatorias, la Fiscalía revisa posibles vínculos con comunidades de internet que promueven o glorifican ataques violentos y mantiene comunicación con autoridades federales para profundizar en esa línea de investigación.
El plazo de investigación complementaria concluirá en abril de 2027. Durante ese periodo continuarán las diligencias y la recopilación de elementos que serán incorporados al proceso penal, conforme a las determinaciones de la autoridad judicial.