La incertidumbre generada por la Reforma Judicial comienza a reflejarse directamente en las decisiones de inversión, expansión y generación de empleo de las empresas en México, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).
A un año de la integración del nuevo Poder Judicial de la Federación, la primera medición del Monitor Judicial de Data COPARMEX señala que 67.8 por ciento de las empresas afiliadas considera que la reforma ha tenido un impacto negativo en sus decisiones de inversión o crecimiento, mientras que apenas 3.6 por ciento identifica efectos positivos.
El estudio contó con la participación de 3 mil 721 empresas pertenecientes a los 71 Centros Empresariales de COPARMEX en el país.
De acuerdo con los resultados, 38.9 por ciento de las compañías aseguró que actualmente adopta una postura de mayor cautela antes de invertir, mientras que 28.8 por ciento ya redujo o pospuso proyectos concretos.
Para el organismo empresarial, estas cifras muestran que el debate en torno a la Reforma Judicial dejó de limitarse al terreno jurídico y comienza a tener consecuencias económicas al modificar decisiones relacionadas con nuevas inversiones, ampliaciones y creación de empleos formales.
EMPRESAS CAMBIAN ESTRATEGIAS
El análisis también detectó modificaciones en la forma en que las empresas enfrentan sus riesgos legales.
El 46.3 por ciento de las compañías ya realizó ajustes en contratos, mecanismos de arbitraje, seguros o estrategias de litigio, mientras que 34.5 por ciento analiza efectuar cambios.
En conjunto, 80.8 por ciento de los negocios consultados ya modificó o estudia modificar su esquema de prevención y protección jurídica.
COPARMEX consideró que este fenómeno convierte a la incertidumbre jurídica en un costo adicional para la operación de las empresas.
La percepción de menor certeza también aparece en otros indicadores. El 55.9 por ciento de las compañías considera que disminuyó la certidumbre sobre la protección de la propiedad, el cumplimiento de los contratos y el acceso al juicio de amparo.
En contraste, únicamente 3.3 por ciento percibe una mejoría.
El organismo recordó que la certeza jurídica para el sector productivo implica contar con reglas previsibles, autoridades independientes, procedimientos imparciales y mecanismos eficaces para proteger derechos y hacer cumplir contratos.
PIDEN EVALUAR RESULTADOS
COPARMEX sostuvo que México requiere un sistema de justicia que atienda problemas históricos como el rezago, la lentitud de los procesos, la corrupción y la impunidad, pero señaló que también debe garantizar independencia judicial, profesionalización e imparcialidad.
Ante los resultados de la encuesta, planteó abrir una agenda técnica de seguimiento y diálogo con el nuevo Poder Judicial de la Federación.
Entre los indicadores que propone evaluar se encuentran los tiempos de resolución, el acceso efectivo a la justicia, la independencia de las personas juzgadoras, la previsibilidad de los criterios judiciales y la eficacia en la protección de los derechos.
El objetivo, indicó, debe ser que el nuevo modelo funcione, existan contrapesos efectivos y ciudadanos y empresas no tengan que elevar sus costos legales para protegerse ante posibles escenarios de incertidumbre.
COPARMEX subrayó que las inversiones requieren claridad sobre las reglas bajo las cuales se desarrollan los proyectos y confianza en que los contratos, el patrimonio y los derechos serán respetados.
REZAGO, OTRO RETO
El organismo empresarial señaló que el nuevo Poder Judicial también enfrenta problemas estructurales heredados.
Citó cifras del Órgano de Administración Judicial, según las cuales 210 mil 459 asuntos federales considerados integrados y susceptibles de resolución acumulan más de 90 días sin sentencia.
La cantidad representa 62.7 por ciento de los expedientes incluidos en dicho registro.
Para COPARMEX, este indicador obliga a que la evaluación de la reforma deje de concentrarse exclusivamente en la integración de los tribunales o en el mecanismo mediante el cual fueron electas las personas juzgadoras.
Consideró que el principal parámetro deberá ser determinar si el sistema de justicia funciona mejor, reduce el rezago, emite resoluciones oportunas y ofrece mayor certeza jurídica.
“El nuevo Poder Judicial sólo podrá considerarse exitoso en la medida en que garantice efectivamente certeza jurídica, independencia en sus resoluciones y confianza para los ciudadanos, las empresas y las inversiones”, sostuvo el organismo.
COPARMEX aseguró que continuará documentando y evaluando el funcionamiento del sistema judicial, al considerar que la certeza jurídica no es únicamente un tema de jueces y abogados, sino una condición indispensable para invertir, contratar personal, emprender y generar empleo formal.