Luego de más de diez años de gestiones administrativas y procedimientos legales, el Gobierno de México concretó la expropiación de 15.37 hectáreas pertenecientes al ejido El Tajito, cuya superficie se localiza físicamente en el municipio de Matamoros, con el objetivo de avanzar en la regularización de asentamientos humanos y facilitar la escrituración de aproximadamente 270 viviendas.
La disposición fue publicada el miércoles 14 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mediante un decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 9 de octubre, que establece la transferencia de los terrenos al Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).
Para concretar esta operación, el organismo federal deberá cubrir una indemnización de un millón 790 mil 966 pesos con 53 centavos, correspondiente a una superficie de 153 mil 738 metros cuadrados de terrenos ejidales.
El propósito de esta medida es incorporar los predios al proceso de regularización de la tenencia de la tierra, permitiendo que sus actuales ocupantes puedan adquirir legalmente los solares donde se encuentran construidas sus viviendas y, posteriormente, obtener las escrituras que acrediten su propiedad.
Asimismo, el decreto contempla la posibilidad de comercializar terrenos que se encuentren desocupados y destinar determinadas superficies a infraestructura, equipamiento y servicios públicos municipales.
Un procedimiento iniciado desde 2016
La expropiación tiene sus antecedentes en las gestiones realizadas por la entonces Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), que presentó formalmente la solicitud el 20 de abril de 2016 ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
El expediente quedó integrado el 10 de junio de ese mismo año bajo el número 13755/CORETT, aunque la autorización inicial de los ejidatarios había sido otorgada desde junio de 2014 y posteriormente ratificada en enero de 2016.
Con la transformación de CORETT en el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, ocurrida en diciembre de 2016, este último organismo asumió la responsabilidad de continuar las gestiones necesarias para concretar la regularización de los terrenos.
El procedimiento recibió una nueva ratificación por parte de la asamblea ejidal en agosto de 2024, mientras que durante septiembre de 2025 se realizaron los estudios técnicos que permitieron establecer la superficie definitiva sujeta a expropiación.
Finalmente, después de diversas revisiones y dictámenes administrativos, el Gobierno federal determinó la procedencia de la medida en marzo de 2026, hasta concretarse su publicación oficial en octubre.
Terrenos de Matamoros pertenecen al ejido El Tajito
Una de las particularidades de esta expropiación es que, aunque los terrenos forman parte del ejido El Tajito, reconocido dentro del municipio de Torreón, su ubicación geográfica corresponde a Matamoros, específicamente al predio conocido como Las Carolinas.
Esta situación tiene su origen en la historia agraria de la región, pues en 1936 se autorizó una dotación de 288 hectáreas para el ejido El Tajito, destinadas principalmente a actividades agrícolas.
Décadas después, en 1975, el Gobierno federal expropió poco más de 96 hectáreas de ese núcleo agrario, cuyos recursos indemnizatorios permitieron a los ejidatarios adquirir en 1976 una superficie superior a 365 hectáreas en el predio Las Carolinas.
Aunque las tierras adquiridas se encontraban en Matamoros, fueron incorporadas legalmente al régimen ejidal de El Tajito mediante una resolución publicada en agosto de 1984.
Ahora, aproximadamente 50 años después de aquella adquisición, una parte de esos terrenos será utilizada para otorgar seguridad patrimonial a las familias que actualmente los ocupan.
Cerca de 270 viviendas podrían beneficiarse
De acuerdo con una revisión preliminar de la información territorial contenida en el decreto y los registros del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, dentro de los polígonos identificados existen al menos 23 manzanas completas que concentraban 268 viviendas.
Sin embargo, esta cantidad constituye únicamente una referencia estadística y no representa el padrón definitivo de propiedades que podrán regularizarse, ya que será necesario validar los límites de los predios e identificar las construcciones existentes.
Además, el número de inmuebles podría haber cambiado durante los últimos seis años debido al crecimiento habitacional registrado en el sector.
Escrituración dependerá de los trámites pendientes
Pese a que la publicación del decreto representa un avance importante para resolver la situación jurídica de estos asentamientos, las familias todavía deberán esperar el cumplimiento de los procedimientos administrativos correspondientes.
Entre los requisitos establecidos se encuentra que el INSUS acredite el pago de la indemnización antes de que la Sedatu proceda a ejecutar formalmente la expropiación.
Posteriormente, deberán definirse los mecanismos de regularización, así como los costos, requisitos y condiciones mediante los cuales los posesionarios podrán adquirir legalmente sus terrenos.
Por ahora, el decreto no establece fechas específicas para comenzar la entrega de escrituras ni precisa si existirán facilidades de pago o programas de apoyo para los beneficiarios.
Con esta resolución federal se abre una nueva etapa para la regularización de los asentamientos ubicados en esta zona de Matamoros, donde cientos de familias podrían obtener certeza jurídica sobre su patrimonio después de años de permanecer sin un título formal de propiedad.