Monclova, Coahuila. – Lo que parecía una millonaria propuesta para rescatar a Altos Hornos de México (AHMSA) terminó convertido en un escándalo judicial, luego de confirmarse que José Arturo Domínguez Arteaga, el supuesto empresario que ofreció comprar la compañía por mil 400 millones de dólares, únicamente depositó cinco mil pesos como garantía para respaldar su oferta.

El representante de Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), quien había generado expectativas entre miles de extrabajadores de la siderúrgica con promesas de reactivación y nuevas inversiones, no logró demostrar la solvencia económica que aseguró tener durante el procedimiento de subasta.

De acuerdo con la resolución emitida el miércoles 14 de octubre por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, Domínguez Arteaga incumplió con la entrega de la garantía de seriedad por 56.3 millones de dólares, requisito indispensable para continuar con su propuesta de adquisición de AHMSA y Minera del Norte (MINOSA).

La jueza Ruth Haggi Huerta García consideró que la conducta del interesado representó una falta de formalidad y un incumplimiento de los compromisos asumidos ante la autoridad judicial, además de contravenir el principio de buena fe que debe prevalecer en los procedimientos concursales.

Ante estas irregularidades, la juzgadora ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR), para que determine si existen elementos que permitan configurar el delito de falsedad de declaraciones, previsto en el artículo 247 del Código Penal Federal.

De las promesas millonarias a los cinco mil pesos

Fue el pasado 25 de septiembre cuando José Arturo Domínguez Arteaga apareció como el único postor calificado que presentó una oferta económica durante la subasta de AHMSA, al comprometerse a pagar mil 400 millones de dólares, cantidad superior al precio mínimo establecido para la operación.

Sin embargo, desde ese momento surgieron cuestionamientos sobre su capacidad financiera, debido a que no presentó documentación suficiente para comprobar que disponía de los recursos necesarios.

A pesar de ello, el empresario mantuvo públicamente su intención de adquirir la acerera y ofreció reactivar sus instalaciones, recuperar empleos e impulsar proyectos de desarrollo para Monclova y otras regiones de Coahuila.

Posteriormente solicitó una prórroga de 90 días para revisar las condiciones físicas, financieras y operativas de la compañía, petición que fue rechazada por la autoridad judicial al considerar que los participantes habían contado con tiempo suficiente para conocer la situación de la empresa.

Finalmente, al vencer el plazo del 13 de octubre, se confirmó que el representante de CIESA únicamente había exhibido cinco mil pesos, una cantidad insignificante frente a los 56.3 millones de dólares que estaba obligado a garantizar.

AHMSA continúa sin comprador

El incumplimiento dejó sin efecto la propuesta económica de Domínguez Arteaga y abrió una nueva etapa en el procedimiento de venta de la siderúrgica, paralizada desde diciembre de 2022.

La autoridad judicial determinó conceder un plazo de hasta 90 días para que un grupo de acreedores garantizados pueda negociar la integración de un consorcio interesado en adquirir AHMSA y MINOSA como unidad productiva.

Entre los participantes de esta alternativa figuran Cargill y Afirme, cuyos representantes deberán trabajar con la sindicatura para estructurar una propuesta que permita avanzar hacia la recuperación de la empresa.

Mientras tanto, miles de extrabajadores y sus familias permanecen a la espera de una solución que permita cubrir los adeudos laborales y, eventualmente, recuperar la actividad productiva de uno de los complejos siderúrgicos más importantes del país.

Por ahora, quien se presentó como el posible salvador de Altos Hornos de México quedó fuera del proceso de compra y bajo el escrutinio de las autoridades federales, que deberán determinar si sus declaraciones y compromisos incumplidos constituyen algún delito.

Información basada en el acuerdo judicial del 14 de octubre de 2026, difundido por la sindicatura de AHMSA, y en reportes periodísticos sobre la resolución. La posible responsabilidad penal está pendiente de determinarse.

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