Torreón, Coahuila. – Revisar las cuentas públicas, no es una opción para los regidores y síndicos, es su obligación y en Torreón la incumplieron al presentar en el Congreso del Estado los informes financieros, sin el dictamen del Cabildo, dijo el diputado local Rodolfo Walss Aurioles.
En rueda de prensa, informó que el Congreso del Estado recibió el informe de avance de gestión financiera del municipio de Torreón, sin el dictamen emitido por el Cabildo en pleno, en virtud de un grupo de regidores y una síndica se negaron a que el informe se presentara.
El diputado local, aseguró que tal situación es un incumplimiento a su obligación legal de supervisar el gasto público.
De hecho, revisar las cuentas es una de sus principales obligaciones para lo cual fueron electos, de manera que, si no van a cumplir con el trabajo que se les encomendó, incurren en una responsabilidad administrativa y por tal motivo presentará una denuncia al respecto.
Comentó que a la Auditoría Superior del Estado solicitará que se les inhabilite para ocupar cargos públicos, porque si no quieren ejercer sus funciones, no deben ocupar un cargo público.
Un regidor y un síndico tienen todo el derecho de cuestionar las cuentas públicas, lo que no puede hacer es negarse a hacer el análisis, eso es una irresponsabilidad y una violación a la ley, advirtió.
Los argumentos de los regidores y una síndica del Ayuntamiento de Torreón, para no revisar la cuenta pública, son todavía más graves, consideró, ya que alegan que existe un documento municipal que les faculta no hacer ese análisis.
“Es grave que después de tres años no conozcan la jerarquía de las normas jurídicas que aplican en el municipio”, explicó Walss Aurioles.
Dentro del bloque de regidores que no aprobaron el estado financiero, aparecen sobre todo ex panistas, seguidores de Luis Fernando Salazar.
El problema es que no hayan aprobado el estado financiero, tendrían derecho a no aprobarlo, pero ni siquiera quisieron analizarlo, ese es el problema, hubieran podido votar en contra y estar en todo su derecho, lo que se sucede es que se negaron entrar a la sesión donde se analizaría y votarlo.
Asimismo, enviar la cuenta pública al Congreso del Estado, sin la aprobación del Cabildo, no se incurre en ninguna ilegalidad, porque en este caso, la Tesorería cumple con su trabajo al momento en que lo ingresa a la orden del día para su aprobación en la sesión de cabildo.