A pesar de que el acuerdo parlamentario vigente establece que el Partido Acción Nacional (PAN) debe asumir la presidencia de la Cámara de Diputados en septiembre, fuentes legislativas revelaron que Morena explora estrategias para mantener el control de la Mesa Directiva en el último año de la actual legislatura.
Una de las maniobras en análisis consiste en la “donación” temporal de legisladores morenistas al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con el fin de aumentar artificialmente su bancada y colocarlo por encima del PAN en número de diputados. De lograrlo, el Verde podría reclamar la presidencia de la Mesa, desplazando al partido blanquiazul.
Esta posible operación no solo reaviva las tensiones entre las fuerzas políticas representadas en San Lázaro, sino que también lanza señales preocupantes sobre el respeto a los acuerdos institucionales. El convenio de rotación de la presidencia legislativa, firmado al inicio de la legislatura, prevé que cada año un partido distinto la encabece, en proporción a su tamaño en la Cámara. Este 2025, por calendario, corresponde al PAN.
La discusión ocurre mientras el partido mayoritario enfrenta cuestionamientos públicos por los recientes viajes internacionales de varios de sus legisladores a destinos como Asia y Europa. Las giras, realizadas con recursos públicos o sin suficiente justificación oficial, han provocado indignación ciudadana y fuertes críticas en redes sociales.
Analistas advierten que la intención de Morena de obstaculizar la llegada del PAN a la presidencia de la Cámara de Diputados refleja una tendencia a concentrar el poder legislativo, incluso a costa de acuerdos políticos previamente establecidos.
Hasta el momento, ni la dirigencia de Morena ni la bancada del PVEM han confirmado o desmentido formalmente estas versiones. Por su parte, líderes del PAN han adelantado que defenderán su derecho a encabezar la Mesa Directiva y alertaron sobre el riesgo de una “simulación parlamentaria” que altere el equilibrio democrático en la Cámara baja.
La renovación de la presidencia de San Lázaro será uno de los primeros movimientos clave en el arranque del último periodo legislativo antes del nuevo gobierno federal. Las decisiones que se tomen marcarán el tono de la relación entre las fuerzas políticas en el cierre del sexenio.