Además, se establece la persecución de oficio en ambos tipos penales.
Tal y como la exposición de motivos señala, el hecho de que más del 75% de los incendios registrados en lo que va del año se hayan originado en zonas urbanas, muchos de ellos en terrenos baldíos, arroyos o zonas limítrofes con vías públicas, demuestra el carácter sistemático de estas conductas y su profundo impacto social.
“En resumen, esta iniciativa representa una herramienta necesaria para avanzar hacia un modelo de seguridad y justicia ambiental más justo, inclusivo y eficaz. Fortalecer la respuesta penal frente a los incendios urbanos y forestales es una decisión que coloca en el centro los derechos de las personas, la sostenibilidad del entorno y la corresponsabilidad del Estado en la construcción de un futuro más seguro y equitativo para todas y todos” destaca el dictamen de la reforma aprobada, misma que puede ser consultada a detalle en la página web del Congreso del Estado.
