El presidente Donald Trump ha firmado en secreto una directiva dirigida al Pentágono para que comience a utilizar la fuerza militar contra determinados cárteles de la droga latinoamericanos que su gobierno ha considerado organizaciones terroristas, según personas familiarizadas con el asunto.
La decisión de implicar al ejército estadounidense en la lucha es el paso más agresivo dado hasta ahora en la intensificada campaña del gobierno contra los cárteles. Señala la voluntad continuada de Trump de utilizar fuerzas militares para llevar a cabo lo que se ha considerado principalmente una responsabilidad policial para frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales.
La orden proporciona una base oficial para la posibilidad de operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles.
Funcionarios militares estadounidenses han empezado a elaborar opciones sobre la forma en que el ejército podría perseguir a los grupos, dijeron las personas familiarizadas con las conversaciones, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir las delicadas deliberaciones internas.
Pero ordenar a los militares que tomen medidas enérgicas contra el tráfico ilícito también plantea cuestiones jurídicas, entre ellas si se consideraría “asesinato” el hecho de que las fuerzas estadounidenses que actúan fuera de un conflicto armado autorizado por el Congreso mataran a civiles —incluso a sospechosos de delitos— que no representan una amenaza inminente.
No está claro qué han dicho los abogados de la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado sobre la nueva directiva, ni si la Oficina del Asesor Legal del Departamento de Justicia ha emitido una opinión autorizada que evalúe las cuestiones jurídicas.
Este año, Trump ya ha desplegado a la Guardia Nacional y tropas en servicio activo en la frontera suroeste para cortar el flujo de drogas y de migrantes, y ha incrementado la vigilancia y los esfuerzos de interceptación de drogas.
Cuando volvió al poder en enero, Trump firmó una orden por la que ordenaba al Departamento de Estado que empezara a etiquetar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras.