En medio de la tormenta digital desatada por el caso, las empresas involucradas no tardaron en fijar postura pública. Por un lado, H-E-B se deslindó de la situación, puntualizando que “Papayita” no formaba parte de su nómina.
Torreón, Coahuila. – La muerte de Carlos Gurrola Arguijo, mejor conocido como “Papayita”, trascendió de ser un tema local para convertirse en motivo de indignación nacional únicamente cuando su familia alzó la voz en redes sociales y medios de comunicación.
Hasta ese momento, la tragedia permanecía oculta bajo el peso del silencio y las omisiones. Esta no era la historia de un trabajador informal: Carlos contaba con afiliación al IMSS, uniforme, capacitación y prestaciones, integrándose a ese grupo que el INEGI presume como parte del “empleo digno”, donde casi 7 de cada 10 trabajadores tienen condiciones formales.
No obstante, detrás de esas cifras, se esconde la realidad de un hombre que murió en circunstancias marcadas por la negligencia, el hostigamiento y la ausencia total de empatía.
El calvario de Carlos se manifestaba en lo cotidiano: le ponchaban intencionalmente las llantas de su bicicleta, le robaban el lonche, le escondían el celular. El 3 de septiembre, tras beber de un recipiente dentro de la empresa, comenzó una dolorosa travesía por hospitales y diagnósticos contradictorios que culminó con su fallecimiento el 18 de septiembre.
Su familia denunció acoso y engaños para inducirlo a consumir la sustancia; la respuesta de la Fiscalía de Coahuila llegó hasta el 19 de septiembre, intentando suavizar el caso y atribuyendo la causa de muerte a un infarto. Fue la presión social, y no la diligencia de las autoridades, lo que finalmente obligó a reabrir las preguntas que tanto incomodan.
En medio de la tormenta digital desatada por el caso, las empresas involucradas no tardaron en fijar postura pública. Por un lado, H-E-B se deslindó de la situación, puntualizando que “Papayita” no formaba parte de su nómina, pues era empleado de un proveedor externo, aunque aseguró estar colaborando con las autoridades correspondientes.
Por su parte, Multiservicios Rocasa S.A. de C.V., la empresa contratante, defendió tanto su gestión como la de los compañeros de trabajo, asegurando que “Carlitos era alegre, servicial y querido, y que no sufría acoso laboral”.
Sin embargo, estas declaraciones contrastan de manera frontal con la versión de la familia, quienes insisten en que sí existieron burlas, maltratos y un ambiente hostil tolerado por la empresa y sus empleados.
El caso ha trascendido el ámbito social y mediático, alcanzando ya a las autoridades laborales. En el plano federal, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, encabezada por Marath Baruch Bolaños López, o en su defecto el súperdelegado Américo Villarreal, tienen la responsabilidad de ir más allá de la entrega de programas sociales.
Mientras tanto, las redes sociales se convirtieron en un canal de desahogo colectivo, estallando en indignación con mensajes que reflejan la rabia y la impotencia: “Esto no fue una broma, fueron asesinos; H-E-B es encubridora”, “¿Cómo puede ser normal que maten a una persona y no haya castigo fuerte?”, “Que revisen cámaras, que paguen los responsables”.
Incluso han surgido llamados a boicotear a H-E-B y a calificar de manera negativa sus servicios, evidenciando la profunda brecha entre la indignación social y la respuesta institucional.