En lo que se ventila en los cinco juzgados familiares, aproximadamente el 70 por ciento de los procesos se inician por la disolución legal del matrimonio; sin embargo, después se tienen que resolver otras cuestiones relacionadas, por ejemplo, con los bienes.
Torreón, Coahuila. – Las controversias que atienden los Juzgados Familiares del Tribunal Superior de Justicia en Torreón, principalmente se refieren a divorcios y pensiones alimenticias que van de la mano con otros conflictos como la guarda custodia y el régimen de convivencias, declaró Yesca Garza Ramírez, Magistrada del Tribunal Superior de Justicia en la Sala Regional de esta ciudad.
Además, señaló que estos asuntos suelen estar acompañados de disputas por la patria potestad y solicitudes de modificaciones en los acuerdos previos, lo que refleja la complejidad de las dinámicas familiares actuales.
Reveló que particularmente La Laguna tiene una alta actividad procesal en materia familiar, donde se ventilan una gran cantidad de controversias que inician con un procedimiento de divorcio y después se desprenden otras situaciones a resolver en el marco de la familia.
Este fenómeno, explicó, responde a una transformación social en la que las estructuras familiares se diversifican y los conflictos se vuelven más multidimensionales, abarcando desde la convivencia hasta la distribución equitativa de responsabilidades parentales.
En lo que se ventila en los cinco juzgados familiares, aproximadamente el 70 por ciento de los procesos se inician por la disolución legal del matrimonio; sin embargo, después se tienen que resolver otras cuestiones relacionadas, por ejemplo, con los bienes.
Este alto porcentaje evidencia una tendencia creciente hacia la judicialización de los vínculos familiares, donde los litigios por bienes inmuebles, cuentas bancarias y otros patrimonios suelen prolongar los procedimientos iniciales.
La Magistrada recordó que después de la reforma del 2015 a la Ley de la Familia, ya no hay causales para el divorcio, sino lo toma como un acto unilateral, con la voluntad de uno solo de los cónyuges de ya no querer estar dentro de una relación de un matrimonio. Esta modificación legislativa agilizó los trámites, pero también trajo consigo retos, especialmente en lo que respecta a garantizar que ambas partes sean escuchadas y que no se vulneren derechos fundamentales durante el proceso.
Esto no quiere decir que por ser un acto unilateral se desprotege al resto de los integrantes de la familia, ya que siempre se busca juzgar atendiendo el interés superior del menor y que no se vulneren sus más altos derechos de convivir con la familia. Por ello, los jueces y magistrados deben ser especialmente cuidadosos en dictar resoluciones que prioricen el bienestar emocional y la estabilidad de los hijos, buscando siempre soluciones que fomenten la corresponsabilidad parental y el respeto entre las partes.