Torreón, Coahuila. – Integrantes de la colectiva Justicieras por Nuestras Infancias se manifestaron en las instalaciones del Centro de Justicia Penal de Torreón y acusaron públicamente a un juez de proteger al presunto violador de una menor, exigiendo transparencia y un proceso judicial imparcial.
Las activistas, portando pancartas y pronunciando consignas, demandaron que las autoridades actúen con responsabilidad y garanticen la seguridad y los derechos de las infancias, resaltando la importancia de que el sistema judicial no revictimice ni obstaculice el acceso a la justicia.
Ricardo Salazar, padre de la víctima, señaló que lleva luchando más de 4 años por la justicia para su hija, quien fue víctima del delito de violación equiparada en una menor de 15 años y todavía no le han ejercido su derecho a la reparación integral del daño.
Visiblemente afectado, relató que la familia ha enfrentado numerosos obstáculos legales y administrativos, lo cual ha generado un desgaste emocional y desesperanza entre sus seres queridos.
Informó que, primero, en la audiencia inicial la Juez de Control Karla Bustos, de manera parcial, desestimó los datos de prueba consistentes en dictamen ginecológico y psicológico, así como la declaración del protocolo Michigan.
Salazar afirmó que estas pruebas eran fundamentales para demostrar la gravedad del delito y lamentó que no se les haya dado el peso necesario dentro del proceso judicial, señalando una falta de sensibilidad ante la situación.
También señaló la omisión de abrir el periodo de investigación complementaria al que alude el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que el Ministerio Público y el asesor jurídico le solicitaron a la autoridad el 17 de mayo del 2023, que fijara plazo de investigación complementaria, el cual se negó.
Denunció que tales omisiones entorpecen el esclarecimiento de los hechos y la adecuada defensa de los derechos de la víctima.
No obstante, el 26 de enero del presente año, se realizó la audiencia de revisión de medidas cautelares a petición de las víctimas, por informe recibido por UMECA, donde informa a la autoridad que el 5 de enero el brazalete del imputado arrojó alerta de apagado, siendo hasta el 14 que lo volvió a encender, registrando el dispositivo 61 por ciento de carga. El padre de la menor manifestó su preocupación por la falta de control efectivo sobre el imputado, lo que pone en riesgo la seguridad de la víctima y su familia.
“Con el brazalete apagado, el imputado no está localizable. En esa audiencia el Juez Samuel Borrero, a la hora de resolver, desahogó pruebas no presentadas por la defensa en alegatos que no fueron presentados por la defensa en el debate. Al ser juicio oral y no presentar las pruebas siguiendo la oralidad y en el momento procesal oportuno, ya no debería presentarlas fuera de tiempo”. La familia considera que tal proceder vulnera el debido proceso y favorece injustamente a la parte acusada.
Es por eso que Ricardo Salazar consideró que el Juez Samuel Borrego fue parcial en beneficio de la defensa, además que no está juzgando con perspectiva de género, lo cual es una obligación constitucional, ni tampoco aplicó el interés superior de la menor. Expresó que estas deficiencias en la impartición de justicia perpetúan la violencia y la discriminación, invisibilizando la situación de las víctimas y contribuyendo a la impunidad.
El entrevistado comentó que este 3 de febrero el Juez Samuel Borrego acordó una audiencia donde quiere sobreseer la causa, lo que hace pensar un probable acto de prevaricación. Ante estos hechos, la familia teme que el caso quede impune y que la víctima no obtenga la justicia que merece.
El padre de la víctima dijo que la violación fue en el 2020, cuando la niña tenía 11 años, pero ya había antecedentes de abuso sexual. “Fue el padrastro de mi hija, él es el imputado. Yo me enteré en diciembre del 2021 y puse la denuncia”. Salazar cerró enfatizando que seguirá luchando hasta lograr justicia y exhortó a la sociedad a no guardar silencio ante la violencia sexual infantil.