Con el objetivo de mejorar la atención y garantizar el respeto a los derechos humanos en los centros de rehabilitación, el Gobierno Municipal de Torreón llevó a cabo una capacitación integral dirigida a responsables de estos espacios, comúnmente conocidos como anexos.

La jornada se realizó en el Museo Arocena y fue impartida de manera conjunta por la Unidad de Prevención Social de la Violencia, la Dirección de Protección Civil y Bomberos, así como la Unidad Municipal de Derechos Humanos. Durante la actividad se abordaron temas enfocados en brindar una atención más humana, profesional y apegada a la normatividad vigente.

La titular de la Unidad Municipal de Derechos Humanos, Joaly Jaqueline López García, destacó que el propósito es que quienes encabezan estos centros cuenten con herramientas que les permitan ofrecer un trato digno a los usuarios durante todo su proceso de rehabilitación, desde su ingreso hasta su reinserción social.

Entre los temas abordados se incluyó la actualización de la norma oficial en materia de prevención y tratamiento de adicciones, así como aspectos clave en la formación del personal como empatía, ética, liderazgo, resolución de conflictos y respeto a la diversidad.

Por su parte, el director de la Unidad de Prevención Social de la Violencia, José Armando González Murillo, informó que actualmente existe un padrón de 89 centros de rehabilitación en el municipio, de los cuales tres han sido clausurados por incumplir con la normativa. Asimismo, resaltó la participación activa de la mayoría de los responsables en esta capacitación, reflejando un compromiso por mejorar sus servicios.

Además, la Dirección de Protección Civil y Bomberos brindó orientación sobre medidas de seguridad indispensables, como instalaciones adecuadas de gas, salidas de emergencia y el uso correcto de extintores, con el fin de salvaguardar la integridad de usuarios y trabajadores.

Con estas acciones, la administración municipal encabezada por Román Alberto Cepeda González busca consolidar centros de rehabilitación que operen bajo criterios de responsabilidad, legalidad y sentido humano, priorizando el bienestar de las personas en proceso de recuperación.

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