Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quiere que México vaya por políticos mexicanos que tienen nexos con el narcotráfico, asegura Luis Chaparro, especialista en temas de seguridad y crimen organizado, quien revela que 13 estarían en la mira.
La cuenta regresiva de la justicia estadounidense comenzó para el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; para su senador consentido, Enrique Inzunza, y para otros ocho políticos y funcionarios de la entidad sinaloense.
Las acusaciones y delitos que les imputa la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, por “haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de estupefacientes en Estados Unidos” se convertirán en una bomba de tiempo con la que la administración del presidente Donald Trump presionará y amenazará al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para que endurezca su lucha contra las organizaciones del narcotráfico, so pena del enorme daño para la imagen de su partido Morena.
Lo que tanto negaron desde Palacio Nacional y del gabinete de seguridad, donde decían desconocer que existía una lista con nombres de políticos y funcionarios mexicanos, a los que el gobierno estadounidense investigaba por presuntos vínculos con el narcotráfico, se confirmó finalmente con el anuncio que ayer hizo el embajador Ronald Johnson, y que representa un duro golpe para la llamada Cuarta Transformación, cuyos políticos y militantes de Sinaloa son señalados por “corrupción que facilita el crimen organizado y afecta a ambos países”, lo que abre la puerta para que otros integrantes de Morena y de la 4T se sumen a la lista de acusaciones por narcotráfico y “delitos relacionados con armas” en los próximos días.
Porque según las informaciones que se habían publicado en la prensa mexicana y estadounidense, que finalmente son confirmadas por el anuncio de ayer, la lista total de políticos y funcionarios de México que son investigados por el Departamento de Justicia y por agencias como la DEA, la CIA y el FBI —la gran mayoría pertenecientes al partido Morena, aunque también se mencionan nombres de otros partidos políticos— asciende a unos 51 nombres, entre los que se incluyen otros gobernadores, senadores, diputados, alcaldes y hasta secretarios del gabinete de la doctora Sheinbaum.
La primera reacción del gobierno mexicano ha sido la de proteger y tratar de blindar a Rocha Moya y al resto de los acusados por Estados Unidos, argumentando desde la Secretaría de Relaciones Exteriores que, de acuerdo con su análisis jurídico, no “cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita su detención con fines de extradición” y, en un claro intento de retrasar y alargar la respuesta a la petición estadounidense, han derivado el caso a la Fiscalía General de la República, a cargo de la militante morenista Ernestina Godoy, para que sea la que determine si existen pruebas o evidencias de la corrupción e involucramiento de los 10 funcionarios reclamados por asociación con el cártel sinaloense.
Y mientras la FGR de Godoy nunca ha investigado ni requerido a ninguno de los acusados por Estados Unidos, a pesar de las múltiples denuncias y señalamientos públicos que han existido en su contra, es muy probable que el gobierno de Sheinbaum termine negando la extradición de los 10 políticos solicitados o que decida entregar sólo a algunos de ellos, los de menor rango político, para tratar de calmar la presión estadounidense.
Por lo pronto, la sola petición hecha pública por el embajador Johnson sin informarle antes al gobierno de Sheinbaum es un duro revés para la Presidenta y para su antecesor, el expresidente López Obrador, que públicamente y en reiteradas ocasiones, no solo negaron que existieran investigaciones contra figuras prominentes de su partido, como el gobernador Rocha Moya, sino que además los defendieron y arroparon desde la Presidencia de la República, acusando que se trataba de “campañas de desprestigio de la derecha” contra su movimiento político.