A casi dos meses del accidente registrado durante la madrugada del pasado 31 de mayo en la calzada Saltillo 400, donde dos jóvenes perdieron la vida calcinados tras impactarse el vehículo en el que viajaban contra maquinaria utilizada en una obra de alcantarillado, familiares de las víctimas denunciaron que un peritaje técnico ya concluido habría identificado presuntas irregularidades en la señalización del frente de trabajo.
De acuerdo con la asesoría jurídica que representa a los deudos, el dictamen señala que la zona donde se desarrollaban los trabajos presuntamente no contaba con todos los dispositivos y señalamientos preventivos establecidos por la normativa aplicable.
Para las familias, esta situación podría constituir una omisión que habría incrementado el riesgo para los automovilistas que circulaban durante la noche y madrugada por uno de los corredores viales más transitados del sector.
Los familiares aseguran además que la maquinaria pesada contra la cual terminó impactándose el automóvil permanecía dentro del área de circulación sin la señalización suficiente para advertir oportunamente a los conductores.
Esta circunstancia, sostienen, habría quedado registrada en material videográfico que ya fue incorporado a la carpeta de investigación abierta por las autoridades ministeriales.
La obra de reposición de alcantarillado que se desarrollaba sobre la calzada Saltillo 400 era ejecutada por la empresa QP Arquitectos S.A. de C.V., contratada por el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón.
Ante ello, los familiares demandaron que la investigación no se concentre únicamente en las circunstancias relacionadas con la conducción del automóvil, sino que también se revise de manera exhaustiva la actuación de la empresa contratista, las condiciones de seguridad del frente de obra y la supervisión realizada por las instancias responsables.
Su exigencia es que se determine quién tenía bajo su responsabilidad la instalación, mantenimiento y vigilancia de los señalamientos preventivos, así como las medidas que debían aplicarse para evitar accidentes durante la ejecución de los trabajos.
La representación jurídica informó que el peritaje correspondiente a las condiciones de la obra ya fue concluido; sin embargo, todavía permanece pendiente el dictamen relacionado con la conducción del vehículo.
Será este segundo estudio el que deberá complementar la investigación ministerial para establecer con precisión todos los factores que intervinieron en la tragedia y determinar, en su caso, las responsabilidades correspondientes.
Una madrugada que terminó en tragedia
El accidente ocurrió durante las primeras horas del 31 de mayo, cuando un automóvil que circulaba por la calzada Saltillo 400 terminó impactándose contra maquinaria pesada instalada en el área donde se efectuaban trabajos de drenaje.
Después de la colisión, la unidad volcó y posteriormente fue consumida por el fuego.
Dos de sus ocupantes murieron en el lugar, mientras que una tercera persona resultó lesionada.
Entre las víctimas mortales se encontraba Kevin, quien, según la representación jurídica de su familia, viajaba como pasajero en la parte trasera del automóvil.
Su condición de acompañante es uno de los elementos que los deudos consideran relevante dentro del procedimiento para establecer responsabilidades y determinar la reparación integral del daño.
A casi dos meses de aquella madrugada, las familias mantienen su exigencia de que el caso no quede reducido únicamente a un accidente vial y que se investiguen las posibles omisiones en materia de seguridad en la obra.
Solicitan que, en caso de acreditarse incumplimientos, respondan tanto la empresa encargada de los trabajos como quienes tenían la obligación de supervisar las condiciones del frente de obra.
Los deudos señalaron que continuarán acompañados por asesoría jurídica durante todo el procedimiento y exigirán que las autoridades ministeriales agoten todas las líneas de investigación antes de establecer conclusiones definitivas.
Para las familias, el objetivo es que se esclarezca completamente lo sucedido, se determinen responsabilidades conforme a derecho y se garantice una reparación integral del daño por una tragedia que, sostienen, pudo estar marcada por fallas preventivas que hoy deben ser investigadas hasta sus últimas consecuencias.