En Coahuila se tienen documentados 127 casos de personas desaparecidas en los que corporaciones de seguridad o instituciones de gobierno fueron señaladas como presuntamente responsables, de acuerdo con información obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Los datos fueron proporcionados por la Fiscalía General del Estado, en respuesta a una solicitud de información sobre registros de desaparición forzada en la entidad. El recuento comprende hechos ocurridos entre 2007 y 2025 en las cuatro regiones de Coahuila.
La cifra refleja expedientes en los que autoridades o instituciones públicas fueron mencionadas dentro de los hechos investigados, sin que ello implique por sí mismo que la responsabilidad penal haya sido acreditada en cada caso.
En contraste con el número de reportes, el Poder Judicial de Coahuila informó que, hasta 2025, únicamente se han emitido cuatro sentencias relacionadas con el delito de desaparición forzada.
La desaparición forzada constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos, al involucrar la privación de la libertad de una persona con participación, autorización o aquiescencia de agentes del Estado, seguida de la negativa a reconocer su paradero o proporcionar información sobre su destino.
Integrantes de colectivos de búsqueda en Coahuila reconocieron que el estado ha sido considerado un referente nacional en la creación de leyes, mecanismos e instituciones para atender la desaparición de personas. Sin embargo, advirtieron que el principal desafío continúa siendo la aplicación efectiva de esas herramientas.
Las familias buscadoras señalaron la necesidad de fortalecer las investigaciones, garantizar el acceso a la justicia y evitar que los protocolos queden sólo en el marco normativo, especialmente en los casos en los que existen señalamientos contra servidores públicos o corporaciones de seguridad.
La brecha entre los 127 casos reportados y las cuatro sentencias emitidas evidencia los pendientes que persisten en materia de investigación, sanción y reparación para las víctimas y sus familias.