La diputada señaló que el proceso contra José “N” y Martha “N” debe llegar hasta sus últimas consecuencias y sostuvo que Torreón mantiene cuentas pendientes relacionadas con el Simas, el Metrobús y diversas obras públicas.
La diputada Cintia Cuevas se pronunció respecto a la detención de los exfuncionarios municipales José “N” y Martha “N”, realizada por la Fiscalía General de la República (FGR), y consideró que las acciones emprendidas por las autoridades federales representan un mensaje de “cero impunidad” frente a presuntos actos de corrupción.
La legisladora sostuvo que este procedimiento debe esclarecer las responsabilidades que pudieran existir y aseguró que durante años ciudadanos han realizado señalamientos sobre el manejo de recursos públicos en administraciones municipales emanadas del PRI.
Cuevas afirmó que la actuación de las autoridades federales demuestra que las investigaciones pueden alcanzar a quienes hayan ocupado cargos públicos, independientemente de su posición política o de las responsabilidades que desempeñaron dentro de una administración.
Aseguró que durante años existieron gestiones caracterizadas, desde su perspectiva, por la opacidad y prácticas que habrían contado con protección institucional.
“La justicia tarda, pero llega”, expresó la diputada al referirse a las detenciones y al proceso legal que enfrentan los exservidores públicos.
La legisladora consideró que las investigaciones deben continuar y, en su caso, establecerse responsabilidades con estricto apego a la ley y respetando el debido proceso.
Añadió que este asunto representa solamente una de las “cuentas pendientes” que, a su consideración, dejaron administraciones recientes en Torreón.
Entre los temas que mencionó se encuentran el proyecto inconcluso del Metrobús, el manejo financiero del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) y la presunta falta de transparencia en distintas obras públicas.
Finalmente, Cintia Cuevas llamó a la ciudadanía a mantener presentes estos asuntos y dar seguimiento a las investigaciones y procedimientos legales que puedan derivarse de ellos, al señalar que la rendición de cuentas debe aplicarse a cualquier persona que haya ejercido recursos públicos.