A seis años de la reforma en materia de violencia política contra las mujeres, México avanza en la consolidación de una democracia paritaria; sin embargo, el principal desafío se mantiene en la correcta implementación de las normas y en la erradicación de prácticas que limitan la participación femenina en la vida pública.
El Instituto Nacional Electoral destacó que, si bien se han impulsado mecanismos para garantizar la participación política de las mujeres en condiciones libres de violencia, aún existen obstáculos estructurales, especialmente en el ámbito municipal y en el entorno digital.
Entre los avances, se reconocen buenas prácticas institucionales y herramientas como la Ley 8 de 8 contra la Violencia, que impide que personas con antecedentes por delitos graves accedan a cargos públicos. No obstante, persisten conductas que dificultan el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres.
Uno de los principales retos es la evolución de la violencia política, que ha adoptado formas más sofisticadas. Autoridades advierten que existe resistencia al avance de las mujeres en espacios de poder, lo que ha derivado en nuevas estrategias de exclusión que rebasan el marco legal actual.
En este contexto, los partidos políticos han sido señalados por prácticas como registrar mujeres candidatas solo para cumplir con la paridad, quienes posteriormente son presionadas a renunciar en favor de hombres, lo que representa un retroceso en materia de igualdad.
Asimismo, el ámbito municipal continúa siendo uno de los más vulnerables, donde se registran desde agresiones verbales hasta retención de salarios o exclusión de mujeres en espacios de toma de decisiones.
En el entorno digital, el uso de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, ha facilitado campañas de desinformación y la difusión de contenido falso para dañar la imagen de candidatas, lo que representa un desafío adicional para las autoridades electorales.
En cuanto a mecanismos de control, el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política acumula 476 registros hasta marzo de 2026, lo que lo posiciona como un referente internacional, aunque especialistas señalan la necesidad de fortalecer su coordinación con instancias judiciales.
Finalmente, el INE reiteró su compromiso de avanzar hacia una participación sustantiva de las mujeres en la política, reduciendo la revictimización en los procesos de denuncia y fortaleciendo un modelo de justicia electoral más preventivo y efectivo.