El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Marcelo Torres Cofiño, aseguró que la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para impedir que personas vinculadas al crimen organizado lleguen a cargos públicos, representa el reconocimiento de un problema que, afirmó, Morena negó durante años.

El legislador panista sostuvo que durante mucho tiempo se descalificó a quienes advertían sobre la infiltración del crimen organizado en la política mexicana, señalando que ahora el propio Gobierno Federal admite la existencia del problema al promover una reforma en la materia.

“A confesión de parte, relevo de prueba”, expresó Torres Cofiño al referirse a la propuesta presidencial, al considerar que Morena terminó aceptando una situación que anteriormente calificaba como exageración o “guerra sucia”.

El diputado recordó que Acción Nacional ya había impulsado iniciativas enfocadas a combatir la llamada “narco-política”, entre ellas castigar la colusión entre funcionarios públicos y grupos criminales, establecer sanciones severas e imprescriptibles para quienes colaboren con estructuras delictivas desde el poder, así como mecanismos automáticos de investigación ante posibles casos de captura institucional.

Torres Cofiño advirtió que el problema no puede resolverse únicamente con revisiones administrativas o “filtros cosméticos”, pues aseguró que el verdadero riesgo surge cuando el crimen organizado logra influir en las instituciones democráticas y en las decisiones gubernamentales.

Asimismo, adelantó que el PAN analizará el dictamen de la iniciativa, aunque dejó claro que su bancada votará en contra si consideran que la reforma se limita a una simulación legislativa sin consecuencias reales.

“Si esta reforma termina siendo solamente maquillaje legislativo o una narrativa política sin efectos verdaderos, Acción Nacional no participará en una simulación”, declaró.

Finalmente, el legislador señaló que México necesita instrumentos sólidos que protejan a las instituciones democráticas y eviten cualquier forma de infiltración criminal en el poder público.

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