SABINAS, COAH.- Tan solo en la primera etapa de las obras para recuperación de los cuerpos de los mineros que murieron atrapados en El Pinabete, el gobierno Federal ha gastado el doble de lo que en cuatro años ha canalizado a inspectores de seguridad en Coahuila, único concepto en que se identifica mínima inversión para cumplir con las “garantías de no repetición”, compromiso asumido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Para la primera etapa del proyecto de rescate de cuerpos en El Pinabete, que se circunscribe a preparación del sitio y de acuerdo con conocedores mineros tiene menos de 10% de avance, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) adjudicó un contrato por 32 millones 459 mil pesos a Construcciones Transforma.
En comparación, en materia de prevención, la Secretaría del Trabajo tiene en Coahuila a 24 inspectores, de los cuáles únicamente 13 están asignados a la Región Carbonífera. El sueldo mensual de un inspector –de acuerdo con el tabulador 2022– es de 14 mil 110 pesos, lo que equivaldría a 169 mil 320 pesos anuales, en total la actual administración Federal en los cuatro años transcurridos ha destinado 16 millones 254 mil pesos a ese personal.
En octubre de 2020, en San Juan de Sabinas, el presidente López Obrador se reunió con familias de los mineros muertos en Pasta de Conchos, para acordar el Plan de Justicia y Reparación Integral, derivado de una recomendación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el cual incluía garantías de no repetición.
Salvo las inspecciones para verificar condiciones de seguridad e higiene, no se conoce de otras medidas emprendidas por el gobierno Federal, y aunque según la Secretaría del Trabajo se han realizado en la Región Carbonífera 387 inspecciones en tres años, los accidentes siguen ocurriendo y costando vidas.
En agosto de este año, 10 mineros murieron al inundarse los pocitos de carbón en que laboraban en El Pinabete, y semanas después el presidente López Obrador ordenó a la CFE coordinar las obras para construir un tajo a cielo abierto para recuperar los cuerpos.
Para esas obras se han adjudicado dos contratos, el ya referido de 32 millones 459 mil pesos para la primera etapa; y otro por 629 millones 705 mil pesos para trabajos que se deberán realizar de noviembre de este año a agosto de 2023, este último asignado a la constructora sonorense Construplan, cercana al actual gobernador Alfonso Durazo y sin antecedentes de conocimiento minero.
Suman 662 millones de pesos los destinados para las obras en El Pinabete -sin considerar los recursos públicos y privados gastados en los días posteriores al accidente en las infructuosas maniobras de rescate-, monto que equivale a cuarenta veces más de lo que en cuatro años se ha pagado a los 24 inspectores de seguridad en el trabajo que se tienen en Coahuila.
No únicamente destina el gobierno más a las obras para intentar recuperar los cuerpos que a medidas preventivas, también el monto de la inversión es quince veces mayor que lo que la Comisión Federal de Electricidad pagaría a la minera donde ocurrió el accidente, por pedidos de carbón en tres años.